Los abogados de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han pedido al Tribunal Supremo que le dejen en libertad una semana antes de que cumpla dos años en prisión preventiva. Lo han hecho a través de un escrito en el que especifica que no es procedente ampliar el tiempo que el independentista lleva en la cárcel, a la espera de la sentencia por su participación en el 1-O. 

La acción de la defensa responde a una petición del Ministerio fiscal al Alto Tribunal español, en el que demandaba una reunión de los magistrados para ampliar el periodo de prisión provisional tanto al expresidente de la ANC como al presidente de Òmnium Cultural.

Dos años en la cárcel

Los dos independentistas fueron enviados a la cárcel por decisión de la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, el 16 de octubre de 2017. La semana que viene se cumplirá, así, dos años desde su encarcelamiento, periodo máximo decretado para los encausados a la espera de sentencia. La intención del tribunal presidido por Manuel Marchena es que el fallo del juicio del procés se dicte antes de tal fecha, aunque el día concreto aún no ha sido comunicado. 

En el caso de que la decisión del Supremo se retrase más allá del 16 de octubre, Tanto Sànchez como Cuixart deberían ser excarcelados ya que, de lo contrario, se estaría vulnerando su derecho a la libertad personal. Cabe recordar que este derecho es uno de los más protegidos por la ley y, por ello, la prisión preventiva es una medida excepcional, tal como se la define en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española (Lecrim).

Prórroga hasta la sentencia

Sin embargo, si el Alto Tribunal accede a prorrogar esta medida, tal como ha pedido la Fiscalía, ambos podrían pasar hasta dos años más entre rejas de forma preventiva. Esta posibilidad es solo teórica, ya que la decisión judicial no tardaría tanto tiempo y, en el caso de que haya sentencia condenatoria, continuarían en la cárcel como presos reglamentarios. 

La vista para llevar a cabo la ampliación de la prisión provisional tendría la participación tanto de las acusaciones como de las defensas, que esgrimirían los argumentos por los que se encuentran a favor o en contra de esta medida. A partir de ellas, el Supremo es quien tomaría la decisión final. Los fiscales aseguran que esta vistilla puede celebrarse antes de que acabe el plazo de la preventiva, mientras que Jordi Pina, abogado de Sànchez, defiende que la medida "no procede".

Mención a la ONU

En su escrito, Pina invoca un informe del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tildó de "arbitraria" la prisión preventiva de los --entonces-- presidentes de la ANC y Òmnium. Este mismo informe ha sido referido también por Cuixart y por Marcel Mauri, vicepresidente de esta última asociación independentista, en sus declaraciones tras conocer la petición de la Fiscalía. 

Mauri ha declarado que esta medida es un ejemplo "vergonzoso" de cómo el Estado "retuerce las instituciones" para "mantener la unidad pasando por encima de cualquier derecho". "Es una evidencia más de que a la Justicia española no le importa renovar dos años más una prisión injusta", ha destacado antes de asegurar que "ni la cárcel, ni las posibles penas altas ni esta petición de la Fiscalía" afectarán a la actitud de Cuixart "en defensa de los derechos fundamentales".