Manuel Valls invoca su experiencia como ministro de Interior en Francia para advertir de que, ante los altercados previstos con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, es necesario "actuar ahora, no mañana". Por eso, el concejal de Barcelona pel Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona apuesta por "preparar la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana y una eventual aplicación del 155". En esta entrevista con Crónica Global, afirma que "lo que la gente espera de un Estado es actuación. Y lo que falta en Cataluña es Estado".
--¿Cómo valora su situación como concejal en el Ayuntamiento? ¿Dónde está Barcelona tras un verano complicado en seguridad?
--Los hechos de este verano, muy graves --hablo de la seguridad--, me dan la razón. El debate, la campaña electoral y sobre todo la decisión de los barceloneses no fueron por temas de ciudad, fue un voto muy político. Lo lamento, pero respeto a los barceloneses. Hemos visto tras las elecciones municipales que los datos de delincuencia, la subida de los hurtos y los rankings sobre la seguridad son la principal preocupación. Por tanto, debe ser la primera preocupación del gobierno municipal, de los concejales, de los gremios, de todos. No nos podemos permitir esta situación. Eva Parera y yo valoramos el esfuerzo y la actuación del Albert Batlle (teniente de alcalde de PSC-Units), y espero que la alcaldesa lidere esa política para combatir la inseguridad. Y reconozca que hay una crisis de seguridad y actúe. Es necesaria la cooperación y el apoyo con responsabilidad a Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Portuaria y Guardia Urbana. Cooperación con la Justicia. Es necesario reformar el Código Penal, por supuesto, pero se necesita una actuación potente a largo plazo para proteger la imagen de Barcelona.
--Hablaba del voto de los barceloneses en clave política. Puede decirse que usted fue pionero en romper los bloques políticos al apoyar la designación de Ada Colau. Viendo el discurso bronco de sus antiguos socios, Ciudadanos, ¿cree que el tiempo le está dando la razón?
-Sí, claro. La política es elegir. No había otra solución. Era Colau o Ernest Maragall, lo otro son cuentos, literatura. Imagínese hoy a Maragall alcalde de Barcelona, volcando la ciudad al proyecto independentista. Imagínese, con la crisis que conocemos con los Mossos d’Esquadra, lo que podía ser un alcalde independentista para la Guardia Urbana. Conozco las ambigüedades de Colau y a veces su soberanismo, pero nada tiene que ver con el independentismo. Por eso, por supuesto, asumimos lo que hicimos. Estamos muy orgullosos de haber salvado a Barcelona del independentismo. Podría añadir a Celestino Corbacho, cuyo voto fue decisivo. Recuerdo aquella tarde, los insultos recibidos, sobre todo a la alcaldesa. En política hay momentos en los que hay que dejar los colores y los bloques por el interés general. Salvar Barcelona era importante para los barceloneses, para Cataluña y España.
--Se ha referido a los Mossos, a los problemas de orden público. ¿Ve necesario que en un momento determinado el Gobierno español intervenga los Mossos, como apunta el presidente en funciones Pedro Sánchez?
--Hablo por experiencia. En un Estado, aunque haya diferencias entre España y Francia, las instituciones que suele apoyar más la ciudadanía son las fuerzas armadas, la policía, la educación y la sanidad. La gente busca la columnas vertebrales de un Estado. En España hay un gran apoyo a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia, el crimen organizado... Los cuerpos de seguridad necesitan unidad, apoyo ciudadano, pero también del poder político. No hay en el mundo un cuerpo de seguridad que pueda actuar cuando sus responsables políticos envían órdenes, mensajes y declaraciones que ponen en cuestión la naturaleza misma de un cuerpo como el de los Mossos de 16.000 agentes. No hablo ya de los consejeros, hemos conocido a cuatro directores generales en poco tiempo, y parte de los cargos no saben si pueden ser procesados.. Hay una crisis a pesar del buen trabajo que hacen los Mossos, y de la cooperación que tienen con otras fuerzas de seguridad, lo vemos en Barcelona. Se está fomentando una crisis muy peligrosa que provoca tensiones insoportables. Por eso he pedido una reunión a nivel de Estado entre los tres lideres constitucionalistas para analizar la situación, preparar una eventual aplicación extrordinaria del artículo 155 de la Constitución, lo decía el presidente Sánchez, si el independentismo se sitúa en las próximas semanas fuera de la ley. Pero hay una urgencia, efectivamente.
--¿Se tiene que intervenir ya?
--Yo creo que se tiene que aplicar ahora, no mañana. Tenemos la ley de Seguridad Nacional para asumir, que no es quitar, la coordinación de los Mossos. Lo que la gente espera de un Estado es actuación. Y lo que falta en Cataluña es Estado. Pues aplicación de la ley de Seguridad Nacional y una eventual aplicación del 155. A lo mejor no pasará, pero hay que prepararlo. Las cosas no son fáciles. El Congreso está en funciones. Y después hay que definir una estrategia a largo plazo de acción exterior, de financiación de la autonomía, etc. No se puede esperar. Sabemos que va a haber tensiones, que habrá una sentencia sobre el 1-O. Ya veremos las reacciones, pero sabemos que hay un llamamiento a la desobediencia civil para llegar hasta el final. No podemos dejar los destinos del país en manos de la izquierda soberanista, los independentistas, o extrema derecha. No hay otra solución que unir el constitucionalismo.
--¿Hay algún plan para la cuestión de la vivienda, que sigue siendo una de las grandes preocupaciones?
--Aquí se debe hablar de modelo. Hay, por supuesto, una apuesta por la fórmula público-privada. Lo primero es generar confianza, porque si no la consigues, no hay inversión. La cuestión central es que Barcelona ha perdido su proyecto. Y desde el resto de España también se podría ayudar, para que Barcelona no pierda posiciones.
--¿Con un evento importante, de nuevo?
--Ahora está el tema de los Juegos de invierno, pero no se trata de eso. Sino de lo que implica: la máxima unidad, un gran acuerdo entre el Estado, la Generalitat y el movimiento olímpico.