Vecinos del Bon Pastor han denunciado al Ayuntamiento de Barcelona ante Fiscalía por un supuesto delito de apropiación indebida. El motivo, según explica el portavoz de la asociación Avis de Barri, Luis Fernández, a Crónica Global, es el cobro del alquiler durante 11 meses a los antiguos residentes que, según indica, estaban en precario.
Una situación en la que el propietario del inmueble cede el uso y disfrute de la vivienda o la finca al inquilino, sin necesidad de que este pague ninguna renta. El cobro ilegal que denuncian los 167 vecinos de las conocidas como casa baratas de este barrio del distrito de Sant Andreu se produjo durante la tercera fase del proyecto de remodelación, y cesó cuando la asociación interpuso una reclamación administrativa.
Cobro irregular
“Cuando se aprueba de manera definitiva cada una de las fases es cuando entran en precario las viviendas que van a derruir. Y durante ese periodo no se puede cobrar nada a los inquilinos, tal y como marca la doctrina del Tribunal Superior de Justicia --y recoge el decreto 1/2010 de Urbanismo--”, aclara Fernández.
Render de la cuarta fase de remodelación del Bon Pastor / AJUNTAMENT DE BARCELONA
El representante de estos 167 vecinos detalla que el consistorio, a través del Patronato Municipal d’Habitatge, siguió cobrando las cuotas mensuales tras la aprobación definitiva del proyecto, “cuando no podían, y así lo hemos denunciado ante Fiscalía”, señala. Una cuantía que, según estima, teniendo en cuenta los intereses de demora, podría llegar a alcanzar los 300.000 euros.
El decreto de Montaner
Fernández recuerda que el entonces concejal de Vivienda y presidente del Patronato Josep Maria Montaner aprobó un decreto --el 114/2015-- para eludir el reembolso de las cantidades que había cobrado de manera “irregular”. ¿Cómo? Alargando el plazo de exposición pública del proyecto dos meses más de lo que marca la ley.
Es más, extender los plazos --la aprobación definitiva de la tercera fase tuvo lugar en marzo de 2016--, tuvo otra consecuencia: exponer los datos personales de los vecinos más allá de lo que prevé la legislación, lo que derivó en una sanción por una “infracción grave” de la Agència Catalana de Protecció de Dades contra el Ayuntamiento de la capital catalana.
"Un error"
Desde el consistorio sostienen que durante la entrega de la tercera fase "se produjo un error" y por ello se enviaron recibos de alquiler de las "viviendas antiguas". Unos cobros que no tenían que efectuarse porque ya se habían adjudicado los nuevos pisos. El ayuntamiento defiende que ese fallo "se subsanó en su momento" --aunque no explica ni cómo, ni cuándo, ni a cuántos vecinos afectó--.
"Todas las personas que sufrieron esta situación ya viven en los nuevos pisos y pagan normalmente su alquiler", indican fuentes municipales, y añaden que "en ningún caso se ha producido ninguna situación de vivir en precario entre los vecinos del barrio". Fernández detalla que, a pesar de que los vecinos no estrenaron las construcciones hasta mayo de 2017, el consistorio dejó de cobrarles el alquiler en julio de 2016, lo que ahora reclaman son otros 11 meses que sí abonaron sin tener por qué hacerlo.
'Casas baratas' del Bon Pastor / AJUNTAMENT DE BARCELONA
15 años de remodelación
La remodelación del Bon Pastor comenzó hace más de 15 años, y ahora el proyecto se encuentra en la cuarta y última fase, cuya dotación presupuestaria es de 32 millones de euros para construir cinco bloques que incluirán un total de 244 nuevas viviendas.
Las conocidas como casas baratas eran un conjunto de viviendas, entre el río Besòs y las calles de Mollerusa, Sèquia Madriguera y Sant Adrià. El Patronato Municipal de la Vivienda de la época las construyó en 1929 para alojar de forma rápida y económica una gran cantidad de población.