Carles Puigdemont ha comenzado a ver el final de la escapada. En vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo, y dos años después del 1-O, Puigdemont ha convocado a “todas las fuerzas democráticas”, incluyendo a las no independentistas, para hacer frente a esa sentencia y establecer algún guion de futuro, que reordene y reactive el marasmo soberanista. Su tono se mantiene, su desafío al Estado sigue en pie, pero el clima ha cambiado. Puigdemont sabe que, tras la sentencia, el Gobierno podría reactivar la euroorden y que eso comportará su regreso a España para ser juzgado.
Puigdemont dio pie a diferentes interpretaciones, porque eso es también lo que pretende generar. Tuvo dos versiones, aunque complementarias. Con la idea de que es el Estado el que quiere relacionarlo con actos de violencia, para pedir una extradición que sería más rápida, Puigdemont rechazó con contundencia cualquier relación con actos violentos, y calificó de “irresponsables” a quienes tuvieran esa tentación. Con ello se distanciaba del presidente Quim Torra, que sigue acusando a los poderes del Estado de poner en marcha una operación para tachar a todo el movimiento independentista de violento.
Puigdemont, sin otras opciones
Pero en el mismo día, Puigdemont convocaba a todas las fuerzas democráticas, rodeado por los exconsellers que también viajaron fuera de España, a una asamblea de cargos electos con representantes parlamentarios y locales para después de la sentencia del 1-O con el objetivo de relanzar una estrategia de ruptura. Y con la vista puesta en las elecciones generales del 10 de noviembre, como una “ocasión fabulosa para canalizar la indignación en las urnas”.
Es decir, Puigdemont mantiene una posición de resistencia, de no querer ver lo que tiene delante, pero consciente de las limitaciones de la opción que ha tomado. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el expresidente admitía que, tras la sentencia del Supremo y si la justicia belga o de cualquier otro país europeo acepta la euroorden que promueva el Gobierno español, aceptará su regreso, porque “no habrá otra opción”.
Decisiones trascendentales
Eso lo ha verbalizado en otras ocasiones, como la promesa de regresar si ganaba las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Pero ahora las cosas son diferentes, porque el proceso judicial ha entrado en la recta final, y los “exiliados” deberán tomar decisiones vitales trascendentes: o regresar a España –si sus países de adopción admiten las euroórdenes-- o saltar de país en país por todo el mundo.
Fuentes jurídicas señalan que dependerá de los delitos que fije la sentencia del Supremo, y todo ello sin contar con el latiguillo que esgrime ahora el independentismo, sobre la voluntad de relacionar al separatismo con la violencia. “Eso no tiene nada que ver, una cosa es la investigación sobre los miembros de los CDR y, otra, la sentencia del Supremo”, señala una de las fuentes consultadas.
Para una parte de ese independentismo, la decisión de Puigdemont será crucial. En la dirección de Esquerra Republicana, que no ha querido dejar de lado la retórica soberanista, pero que siembra para recoger frutos a medio y largo plazo, la figura de Puigdemont sigue rompiendo sus esquemas. Aceptar la sentencia, y el juicio posterior a los exdirigentes que viajaron fuera de España, es la única opción posible, y buscar mayorías suficientes y holgadas para plantear una negociación con el Gobierno español, sin plantear, otra vez, decisiones unilaterales. Eso es lo que ha planteado Oriol Junqueras, y todo el partido lo tiene claro.