Los miembros del equipo de respuesta táctica (ERT) –el ala más radical de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR)– detenidos por presunto terrorismo encriptaron sus comunicaciones durante los disturbios del Consejo de Ministros del 21D, que se celebró en Barcelona.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, expone en uno de los autos con los que envió a prisión a los siete ERT que estos ensayaron con “teléfonos clandestinos” y comunicaciones en clave durante aquella jornada, según la tesis que maneja la Audiencia Nacional y adelanta la Cadena SER.

"Teléfonos clandestinos"

Concreta el juez que los ERT actuaron en diversas ocasiones con “teléfonos clandestinos, securización de las comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de Walkie talkies”.  Según el auto, lo hicieron, al menos, durante el mencionado 21D, pero también en “la planificación y el derramamiento de aceite en la C-55 al paso de un convoy de la Guardia Civil el 1 de febrero del 2019.

En esa fecha, los detenidos G. X. D., E. G., J. R. y D. B. (en libertad con cautelares) “participaron en un acto delictivo que consistió en el derrame de gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, sin previo aviso, al paso del convoy que trasladaba a los políticos presos del centro penitenciario de Lledoners a Madrid”.

Día D: el asalto al Parlament

De hecho, expone que “en la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlament en el precintado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional”. Un día D por definir entre el 1-O –segundo aniversario del referéndum ilegal– y la publicación de la sentencia del procés.

El magistrado entiende que los ERT contaban con una “estructura jerarquizada” y, en este contexto, el auto destaca que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), el CNI catalán, “asumió y planificó” el “asalto y posterior ocupación de forma ilegal” del Parlament que debían ejecutar los ahora detenidos y que tenían este entre sus planes junto al sabotaje de infraestructuras críticas.

Un vehículo de la Guardia Civil en el traslado de siete miembros de los CDR detenidos por presunto terrorismo / EFE

Reunión con la hermana de Puigdemont

Señala en particular dos conversaciones telefónicas intervenidas en las que el detenido J. R. dice al también en prisión preventiva G. X. D. “que deberían empezar a mover las cosas porque las noticias avanzan desfavorablemente”. De hecho, R. es considerado integrante del “núcleo productor” de esta organización a la que la instrucción atribuye carácter terrorista y en las fechas en que se produjo esa charla, “ya había empezado a adquirir productos químicos”.

El auto añade que G. X. D. se reunió en secreto el 15 de septiembre del 2018 “con la hermana del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont”, extremo que ella niega. Ese día, según las escuchas telefónicas, el ERT organizó, planificó y ejecutó ese encuentro con la familiar del expresidente fugado con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre este y el actual presidente catalán, Quim Torra, expone el auto.

La defensa: “Vulneración de derechos”

Eva Pous, portavoz de la defensa de los miembros CDR detenidos, ha denunciado las “filtraciones” de parte del auto, que está bajo secreto de sumario, para “poner sobre la mesa un relato” que ellos no conocen.



En un acto en el Colegio de Periodistas de Cataluña, Pous ha afirmado que todo el proceso policial y judicial se ha caracterizado por unas “vulneraciones infinitas” y “muy graves” de los derechos fundamentales de estas personas.