El Parlament ha respondido a las detenciones y prisión preventiva de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusado de preparar actos de terrorismo, con la aprobación de una moción a favor de la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña.
En la segunda sesión del Debate de Política General (DPG), la Cámara catalana ha aprobado una propuesta de resolución de JxCat y ERC por la que la se declara necesaria "la retirada de Cataluñaa de los efectivos de la Guardia Civil". La CUP ha apoyado la iniciativa, mientras que Catalunya en Comú-Podem se ha abstenido. Ciudadanos, PSC y PP han votado en contra.
En el texto se afirma que la Benemérita "se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía". Asimismo, se denuncian los "abusos de derechos civiles y políticos que no solo se han centrado en líderes políticos y sociales, sino que han abusado de la legislación impulsada bajo la excusa de combatir el terrorismo, para atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta". Los impulsores solicitan la dimisión inmediata de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.
"Es manifiestamente incapaz, de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía", concluye, y pide parar las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que consideran prospectivas y que aseguran que hacen una utilización especulativa y arbitraria de los tipos penales asociados al terrorismo para reprimir el activismo social y político, según el texto.
La sentencia del Tribunal Supremo
Por otro lado, la propuesta aprobada advierte "un incremento de la represión y una creciente deriva en la restricción del libre ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte del Estado, y una acción concertada de los diferentes poderes de Estado constituida en una auténtica causa general contra el independentismo".
Por eso, el Parlament constata que el proceso judicial del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O es "arbitrario, sesgado y en el que los derechos fundamentales de la ciudadanía se han visto abusados y violentados por parte, tanto de los cuerpos policiales del Estado, como de la Fiscalía, el juez instructor, el juzgado del Supremo, el Gobierno y el Jefe de Estado".
En este sentido, JxCAT, ERC y CUP también han logrado sacar adelante, con la abstención de los comunes, otra propuesta de resolución en la que "se conjuran" a dar una respuesta unánime a la sentencia del Supremo, ejercer la autodeterminación y negociar la amnistía con el Estado.