El juzgado de lo mercantil número once de Barcelona celebrará este miércoles a las 10.00 horas la vista para estudiar las medidas cautelares solicitadas por Foment del Treball en su demanda contra la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por competencia desleal en relación a su boicot a las empresas no independentistas.
La demanda fue presentada en julio pasado por la patronal catalana en respuesta a la campaña de la entidad nacionalista denominada Consum estratègic, que incluye la puesta en marcha de un registro de empresas afines al procés con el objetivo de animar a dejar de consumir productos o servicios del resto de compañías.
"Competencia desleal"
Foment considera que, con esta iniciativa, la ANC "ha ido mucho más allá de la emisión de una opinión de carácter político y ha incurrido claramente en un boicot que ha de ser calificado como acto de competencia desleal".
La patronal reclama el cierre de la web que se puso en marcha a finales de junio para promover el proyecto; que deje de hacer “campañas públicas y privadas que inciten a los consumidores y empresas a boicotear empresas” y contratar las que promueve la ANC; acabar con la organización de “charlas, conferencias, ferias y procedimientos análogos para difundir y explicar su campaña de boicot”; impedir la “difusión de cualquier hoja, folleto o libro” impreso o digital de publicidad de esta campaña; y prohibir la “participación, por parte de los órganos directivos o de cualquier afiliado de la entidad demandada”, en comparecencias públicas y en los medios de comunicación para promover la iniciativa.
Restringir el funcionamiento del mercado
La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre confía en que la justicia “declare que el boicot organizado y ejecutado por la ANC es contrario a las normas” e incurre un claro caso de “competencia desleal”.
Foment argumenta que la ANC busca “restringir y distorsionar gravemente el funcionamiento del mercado” en Cataluña. “Una cosa es opinar a favor o en contra de una idea y otra muy distinta actuar con la clara intencionalidad de influir en el mercado”, apunta la demanda, “a fin de eliminar del mismo a los operadores económicos que no apoyan unas determinadas ideas políticas”.