“Luego dicen que no estamos politizados ni señalados”, explica a Crónica Global un agente de los Mossos d’Esquadra no independentista. Se refiere al encabezamiento de un email –omitimos en la imagen el contenido que podría vulnerar la protección de datos—escrito por un cargo del departamento de Interior que adjunta un lazo amarillo en sus comunicaciones internas.
Se trata de Judit Subirana, jefa del negociado de Servicios Generales destinada al Servicio de Administración de la Región Policial Central de la Dirección General de la Policía en Manresa. El Govern defiende que ese símbolo forma parte del derecho a la libertad de expresión y que no responde a una ideología política concreta, sino a la protesta por la permanencia de prisión de dirigentes secesionistas. Mossos ajenos al procés no lo ven así y consideran que la colocación de lazos o estelades en las oficinas de Interior obligan a tomar partido. Esto es, divide al cuerpo.
Según los datos de la web de la Generalitat, Judit Subirana accedió a este cargo en marzo de 2017, tras presentarse a un concurso específico de méritos para la provisión de seis puestos de mando de la Dirección General de la Policía. Entre sus funciones se encuentra “hacer de interlocutor entre el personal adscrito a la Región Policial y los órganos de la Dirección General de la Policía en relación con las necesidades informáticas y de telecomunicaciones”, así como “gestionar y distribuir las tareas relacionadas con el mantenimiento de edificios y los servicios de limpieza de la Región Policial.
Tal como informó Crónica Global, esa pugna ideológica entre agentes independentistas y constitucionalistas abunda en el malestar existente en los Mossos, pues provoca enfrentamientos silenciosos en el día a día en las comisarías. El aumento de la inseguridad en Barcelona ha evidenciado la escasez de efectivos –mandos policiales se han visto obligados a a salir a patrullar--, denunciada en repetidas ocasiones por los sindicatos, críticos con la creación del Área de Seguridad Institucional (ASI) –conocida como la “guardia pretoriana de Torra”--, que entró en vigor el pasado mes de junio y que está formada por 71 agentes.
A esta situación se añade el doble rasero de medir de la Dirección General de la Policía, con Andreu Joan Martínez al frente, más contundente con la expresiones constitucionalistas de algunos miembros que con los insultos que, activistas independentistas como Albert Donaire, profieren en las redes sociales.