Se trata de un tema espinoso para Junts per Catalunya y PSC, socios en la Diputación de Barcelona. Pero los socialistas lo tienen claro: el ente supramunicipal no puede permanecer más tiempo dentro de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
El PP ha presentado una moción que insta al gobierno de la Diputación a romper sus lazos con esa entidad secesionista. Lo hace con la evidente intención de poner a prueba la relación entre neoconvergentes y socialistas. Fuentes del PSC han recordado a Crónica Global su voto contrario a la adhesión a la AMI en el anterior mandato municipal. “No sabemos todavía si se ha tramitado esa moción, pero nuestra postura quedó perfectamente manifestada entonces”, explican, tras recordar que esa iniciativa de los populares debe debatirse en el pleno. “Será entonces cuando nos pronunciemos oficialmente”, añaden.
Pagos con dinero público
El PP anunció el martes la presentación de una moción para que la Diputación abandone la AMI para que “deje de ser un instrumento más a favor del proceso independentista”, dijo el presidente del grupo popular en la entidad supramunicipal, Xavier García Albiol. Y añadió: “Velaremos para que los socialistas destinen todos los recursos de la institución a mejorar el día a día de los vecinos y no a pagar con dinero público ni una cuota más a esta entidad, que la única finalidad que tiene es conseguir la independencia".
El 1 de octubre de 2015, el pleno de la Diputación de Barcelona aprobó su incorporación a la AMI gracias a los 26 votos a favor de los diputados de CDC --que entonces gobernaba la entidad--, ERC y la CUP.
Sentencias en contra
Albiol recordó que, el pasado mes de marzo, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona declaró nula la adhesión de la institución a la entidad por considerar que "estaba optando por una opción ideológica que no corresponde a sus competencias".
Tras las elecciones municipales, y los cambios de gobierno consiguientes, varios municipios han abandonado o han dejado de pagar a esta asociación --Calafell, Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels...--, clave en las movilizaciones del procés. Varias sentencias judiciales han advertido de que un ayuntamiento no puede destinar dinero público a intereses que no son generales, sino de partido.