El Govern ha vuelto a vender suelo público a pesar de que el Parlament le instó a matener la titularidad como una de las fórmulas para solucionar el problema de la vivienda en Cataluña.
Antes del verano, el Institut Català del Sol (Incasòl) --empresa pública dependiente de la Consejería de Territorio que dirige el convergente Damià Calvet--, anunció la comercialización del sector residencial Llevant de Viladecans (Barcelona). En una primera fase el Incasòl sacará a la venta un lote de cuatro parcelas por 7.870.320,64 euros y que tienen una superficie global de 4.296,88 metros cuadrados --15.140 metros cuadrados de techo-- para construir 190 viviendas, 106 de ellas con diferentes regímenes de protección oficial.
Parcelas de titularidad pública que el Govern comercializará en Viladecans (Barcelona) / GENCAT
"En esta comercialización se dará prioridad a los solicitantes que se comprometan a promover viviendas de alquiler en todo o parte de la superficie de la que sean adjudicatarios. Aquellos promotores interesados en adquirir el lote de parcelas pueden presentar sus instancias hasta el próximo 16 de septiembre", informó el Govern en un comunicado.
El Incasòl posee 13 parcelas
En total, el sector Llevant de Viladecans tiene una superficie de 26,6 hectáreas donde se podrán construir 2.956 viviendas. El Incasòl es propietario de un total de 13 parcelas donde podrá promover 907 viviendas distribuidas de la siguiente manera: 270 viviendas en régimen libre; 637 viviendas en regímenes protegidos; 398 en régimen general; 79 en régimen especial y 160 en régimen concertado. El Incasòl tiene previsto desarrollar directamente 163 de las viviendas protegidas previstas en esta área, que serán destinadas a alquiler asequible.
Gasto de las comunidades autónomas en política de vivienda sobre el PIB
No es la primera ni la última vez que el Govern enajena suelo público, en contra de las directrices del Parlament. Hace un año, la Cámara catalana aprobó una propuesta de Cs para que Incasòl mantuviese la titularidad pública de los terrenos situados en municipios de alta demanda. "El Govern sigue vendiéndolos, a pesar de ser imprescindibles para crear un parque de vivienda pública", denuncia el diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz, quien anuncia a Crónica Global que presentará una batería de preguntas dirigidas a Calvet para pedir explicaciones al respecto.
El triunfalista balance de la Generalitat
En agosto, la Consejería de Territorio de la Generalitat anunciaba que, en el primer semestre de 2019, se había logrado alcanzar un parque de 20.240 pisos protegidos, cifra calificada como “récord”. Sin embargo, el número de personas inscritas en el registro para solicitar un hogar de protección oficial superaba las 127.000 en el mes de febrero de 2019. Esta lista de espera no ha parado de crecer hasta el punto de duplicar la cifra de 2011, cuando en plena crisis, el número de solicitantes ascendió a 61.721.
Parque de vivienda gestionado por la Generalitat
Asimismo, las cifras de la Generalitat distan mucho de los objetivos de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña aprobada en 2007, según la cual, el objetivo era llegar a 2027 con una cifra de pisos sociales que supusiera el 15% de todo el parque inmobiliario de Cataluña. Eso equivale a 440.000 viviendas (sobre un total de 2,9 millones).
Dos varapalos contra las políticas de vivienda
El Govern ha recibido en los últimos cuatro meses dos varapalos contra sus políticas de vivienda. El primero obligó al propio Calvet a retirar una propuesta ante la falta de consenso parlamentario. La segunda afectó a la Consejería de Justicia, en manos de ERC, que pretendía regular los precios del alquiler a pesar de no tener competencias para ello.
Se da la circunstancia de que en ese decreto impulsado por los republicanos se contempla la necesidad de ampliar el parque público de vivienda. "Los retos que plantea el acceso a una vivienda digna y asequible se deben abordar prioritariamente con políticas públicas. La Generalitat y las administraciones locales se han mostrado en la última década particularmente resolutivas adoptando y ejecutando medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda pública y social, si bien el enorme déficit histórico en este terreno hará que sea necesario un esfuerzo largo y sostenido para obtener resultados apreciables", indicaba el decreto en su exposición de motivos.