Clamor y unanimidad entre las principales entidades en defensa del bilingüismo en Cataluña, que exigen una respuesta contundente a las maniobras de Plataforma per la Llengua para imponer el catalán a los niños durante el recreo en los centros públicos.

Esta es la posición de organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Convivencia Cívica Catalana (CCC), Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano ante la última campaña de la entidad nacionalista para “promover el catalán en los patios de las escuelas y los institutos”.

Espionaje a los niños

La iniciativa de Plataforma per la Llengua se deriva del polémico estudio presentado en julio pasado en el que observó a los niños en los patios de medio centenar de escuelas públicas y concluyó que “solo el 14,6% de las conversaciones en los patios de institutos de las zonas urbanas de Cataluña son en catalán”.

La investigación generó una importante polémica. Partidos y asociaciones constitucionalistas acusaron a Plataforma per la Llengua de “espiar” a los niños y denunciaron que la Consejería de Educación lo permitió o incluso colaboró con la entidad. Posteriormente, la Generalitat se desmarcó del estudio pero no abrió ninguna investigación para descubrir cómo pudieron los activistas acceder a los colegios.

30.000 euros para acciones no definidas

Semanas después, Plataforma per la Llengua ha abierto un crowdfunding para “poner en marcha una gran campaña de sensibilización que cuente con los principales agentes de la comunidad educativa y que vuelva a poner en el centro del debate la importancia de promover el uso social del catalán entre los más jóvenes como herramienta fundamental de cohesión e inclusión sociales”. Pretenden recaudar 30.000 euros en donaciones para “promover el catalán en los patios de las escuelas”.

Preguntada sobre en qué consistirá esa campaña, Plataforma per la Llengua se ha limitado a señalar a Crónica Global que “de momento estamos en esta fase de crowdfunding para realizar acciones para poder potenciar el catalán en los patios, pero las acciones todavía no están concretadas”. ¿Y cómo han calculado el montante necesario para la campaña, si esta no está definida?, insiste este medio. “La campaña todavía no la hemos anunciado”, responden.

La Consejería de Educación se desmarca

Desde la Consejería de Educación son más concretos. “No tenemos nada que ver con esta campaña de Plataforma per la Llengua. Esa campaña no es nuestra ni tiene nuestra participación, como el consejero también dijo que no habíamos tenido nada que ver con el estudio de los patios”, responden fuentes del departamento autonómico.

De hecho, esa fue la contestación oficial que dio la consejería el 2 de agosto a un requerimiento por escrito de la AEB. “El Departamento de Educación no dispone de ninguna información en relación con el Estudio sociolingüístico en los patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Cataluña, elaborado por la Plataforma por la lengua”, dijo entonces.

Inacción de la Generalitat

Para la presidenta de la AEB, Ana Losada, esta situación es “muy grave”. “Si Educación no sabe nada del informe realizado en los centros públicos, ni quiere investigar qué centros autorizaron a la entrada de estos miembros de Plataforma, es incomprensible que ahora la Consejería no se alarme porque esa misma plataforma prepare una campaña para promover en el patio --que es su responsabilidad-- el uso del catalán”, señala.

Y considera especialmente descabellado que lance la campaña “basándose en los datos del informe que se hizo ilegalmente sin conocimiento del departamento”.

Silencio de la alta inspección

“Lo que hizo la plataforma viola los derechos de lo menores. Y ahora, casi de forma chulesca, lanza una campaña a sabiendas de que tendrá que entrar en los colegios. Parece la dueña de las escuelas públicas”, lamenta Losada.

La AEB ha trasladado estos hechos al Defensor del Pueblo pero critican el “silencio” de la Alta Inspección Educativa en Cataluña y del Ministerio de Educación. “¿Quién defiende los derechos de los alumnos en Cataluña? Nadie”, se queja. Y anuncia que están estudiando acudir a la fiscalía o a la justicia.

“La fiscalía debería mover ficha”

Para el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, todo esto es “una barbaridad, algo impropio de un Estado de derecho democrático”. “Los poderes públicos deberían intervenir porque se están violentando los derechos de los menores. No se puede imponer a los menores en el patio ningún idioma. Pero, encima, que una entidad privada que no tiene capacidad coercitiva, porque es un particular, se atreva a inmiscuirse en el sistema público de enseñanza para vulnerar derechos fundamentales me parece un escándalo”, señala a Crónica Global.

Escolano considera que las acciones de Plataforma per la Llengua podrían ser constitutivas de “delitos contra derechos fundamentales” y cree que “la fiscalía debería mover ficha”. “En el momento en que tengamos evidencias materiales de que están vulnerando derechos fundamentales, interpondremos querella”, asegura. Y añade: “Esto no es ni medio normal ya. El problema no es que lo hagan estos locos, el problema es que lo permita la administración pública, cuando tiene un deber de vigilancia, no puede permitir esto. Es una auténtica atrocidad jurídica”.

“Dejadez del Estado”

Escolano destaca que los activistas de Plataforma per la Llengua hayan “perdido la vergüenza”. “Lo han hecho siempre, pero ahora encima presumen. Es por la sensación de impunidad. Viven en una realidad paralela en la que pueden hacer lo que quieran. Creen que los colegios son suyos, su feudo”, insiste.

Para el presidente de CCC, todo lo que está ocurriendo en este ámbito “es una muestra de dejadez por parte del Estado. Que estén quietos ante esto me parece una auténtica burrada. Y llegarán hasta donde les dejen”.

“Erradicar el español”

El presidente de la Asociación por la Tolerancia, Eduardo López-Dóriga, señala que, con acciones como esta, Plataforma per la Llengua “no pretende fomentar el catalán sino erradicar el español y, para ello, recurre a cualquier método”.

“Ya no se corta un pelo en reconocer que pretenden espiar a los niños y coartar su libertad. Es una vuelta de tuerca más. Quieren que en sus ratos de ocio hablen una lengua determinada y no la otra. Atenta absolutamente contra las libertades personales. Es lamentable”, subraya.

“Los padres también tienen que reaccionar”

Sin embargo, López-Dóriga no solo responsabiliza a las administraciones públicas. “Mucha culpa de lo que ocurre es de todos nosotros por no parar los pies a las entidades y profesores que fomentan esto. Recuerdo haber hecho un escrito al colegio de mis hijos en el que les decía que tenía que aceptar la inmersión obligatoria porque era ley pero que en los ratos de ocio, en el patio y en las asignaturas que no fueran el catalán, mis hijos tenían derecho a responder en el idioma que ellos quisieran. El profesor tenía la obligación de dar la clase en catalán pero mis hijos la libertad para responder en la lengua que consideraran oportuno, excepto en la clase de catalán. Si todo el mundo hiciera lo mismo, quizás otro gallo cantaría”, explica a Crónica Global.

El presidente de Asociación por la Tolerancia admite que “estamos abandonados por las instituciones” pero cree que “también tiene que haber una reacción por parte de la gente igual que la ha habido quitando lazos en las calles. Han de plantarse”.

“Ingeniería social”

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, se muestra “preocupado” porque “dedicarse a examinar la vida de los otros son prácticas que vulneran el derecho a la intimidad y que podrían ser cuestionables jurídicamente”. Por ello, pide a Plataforma per la Llengua que “retire la campaña” e insta a la inspección educativa a abrir una investigación. “Hay que pedir a la sociedad que no contribuya a políticas de persecución de ciudadanos”, añade.

Impulso Ciudadano denuncia que los informes y actuaciones de la entidad nacionalista “no son trabajos de campo sino de ingeniería social, para cambiar el modelo de escuela catalán y los usos privados de la lengua”. Algo que hacen “impunemente” y en muchas ocasiones “estimulados de manera generosa con subvenciones públicas”.

Gobierno, Cs y PP

De momento, el Gobierno, Ciudadanos y el PP han reaccionado, aunque de forma comedida. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, criticó el informe de Plataforma per la Llengua a finales de julio, le dedicó “un reproche político” y aseguró que el Gobierno “se estaba informando” sobre lo ocurrido.

Cs ha registrado esta semana en el Congreso varias preguntas al Ejecutivo para saber “cómo va el proceso de información que está llevando a cabo" y qué opina sobre los nuevos proyectos de la entidad nacionalista. El PP, por su parte, ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación, Josep Bargalló, en el Parlament, y ha registrado una batería de preguntas en la cámara autonómica para que el Govern dé explicaciones por lo sucedido.