Los seis concejales de Badalona (Barcelona) juzgados por abrir las puertas del Ayuntamiento el 12 de octubre de 2016 han alegado ante el juez que su actuación se limitó a un “acto político de reivindicación" ya que el consistorio no abrió realmente al público durante la celebración del festivo.

Los ediles juzgados, que formaban parte del equipo de la exalcaldesa Dolors Sabater, han negado ante la magistrada del juzgado penal 25 de Barcelona que desobedecieran el mandato judicial que les impedía abrir el consistorio al público y a trabajadores ante el "perjuicio irreparable" que supondría para el interés general o colectivo en la celebración del Día de la Hispanidad.

Petición de inhabilitación

Por estos hechos, cada uno de ellos se enfrenta a una pena que la Fiscalía sitúa en 15 meses de inhabilitación especial para cargo público electivo, autonómico o local, y una multa de 4.200 euros, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad.

Estos se han escudado en que "creían" que cumplían con el auto del juez porque la puerta principal del Ayuntamiento permaneció cerrada, así como la mayoría de luces, todos los ordenadores y tampoco se realizaron trámites.

"Acto político"

"Estábamos ante un acto político", ha sostenido Oriol Lladó (ERC), que ejercía de primer teniente de alcalde y ese día sustituía a Sabater -que estaba de viaje oficial-, antes de agregar que no fue una jornada laboral "normal" ni "convencional", sino que optaron por una "fórmula política consensuada entre cargos electos", por lo que "el Ayuntamiento como tal no abrió".



José Téllez (CUP), entonces responsable del área de Recursos Humanos, también ha declarado que estaban "haciendo política" y "ejerciendo el derecho a la representación" y ha alegado que atendieron a algunos ciudadanos en el interior del edificio del Ayuntamiento "por un tema de orden o logística" porque "había mucha tensión fuera" y "tenían miedo de que llegaran alborotadores".

Atención ciudadana

Los otros exconcejales enjuiciados, Agnès Rotger (ERC), Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (Guanyem) también han afirmado que el 12-O de 2016 el consistorio no abrió al público porque no se realizaron trámites, los trabajadores no acudieron a sus puestos y ellos se limitaron a atender a los ciudadanos amparados por su condición de cargos electos.

Sólo Rotger ha ido más allá al sostener que se trató de una iniciativa "más simbólica que real", además de "una forma de hacer política" ante las "amenazas" del Partido Popular.