El Abogado del Estado deja en evidencia al Govern de Torra

El Govern de la Generalitat, que preside Quim Torra, tiene un problema. Considera que el Gobierno de Pedro Sánchez se escuda en una cuestión legal para no transferir los anticipos a cuenta de la financiación a las comunidades autónomas. Pero un informe del Abogado del Estado constata esa realidad, que impide, no sólo a Cataluña, sino a todas a las autonomías, recibir esos fondos. Un Gobierno en funciones no puede hacerlo, señala la Abogacía del Estado.

Se trata de la posibilidad de desbloquear unos 5.000 millones de euros. Sin esos recursos, las comunidades se encuentran ahora en una situación delicada, sin poder programar los presupuestos para el próximo año y con problemas de tesorería. En cualquier caso, esas transferencias llegarían de inmediato una vez hubiera un Gobierno español constituido. El propio Ejecutivo de Pedro Sánchez ha afirmado que esa sería la primera media que adoptaría, a través del consejo de ministros, una vez se votara la investidura del líder del PSOE.

Sin condicionar a otro Gobierno

El informe del Abogado del Estado entiende que sería ilegal que el Ejecutivo en funciones desbloqueara ahora esos recursos, con la idea de que no se puede “condicionar la actuación del nuevo Gobierno”.

Sin embargo, la portavoz del Govern de Quim Torra, la consejera Meritxell Budó, aseguró que “los problemas internos del Gobierno no pueden condicionar el funcionamiento de otras administraciones”. Y, de hecho, el gobierno catalán ha presentado un recurso para llevar a los tribunales al gobierno español.

El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonès (ERC), da explicaciones a la oposición en el Parlament / EFE

Situación insostenible

Tanto la consejera Budó, como el consejero de Economía, Pere Aragonès, que negocia ya los presupuestos de la Generalitat para 2020, han insistido en los últimos días en que Pedro Sánchez podía y debía liberar cuanto antes esos recursos.

Las quejas llegaron también desde las filas del PP. Su líder, Pablo Casado, reclamó al Ministerio de Hacienda que publicara el informe de la Abogacía del Estado para justificar esa decisión, que ha provocado “una situación insostenible” en la mayoría de comunidades autónomas, que dependen del Ejecutivo, que es el que prevé las distintas recaudaciones por impuestos como el IVA. Ese informe, finalmente, ha llegado.

Sentencias del Supremo

La posición del líder del PSOE es clara. Sólo el desbloqueo de su investidura permitiría liberar recursos, con la formación de un nuevo Gobierno. La advertencia se lanza hacia el PP y Ciudadanos, que tendrían en sus manos permitir la elección de Sánchez como presidente del Ejecutivo español.

La Abogacía del Estado recoge y hace suyas distintas sentencias del Tribunal Supremo: “El Gobierno en funciones ha de ejercer sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”, señala el Supremo en 2005, como ha recogido El País. En el informe se añade que un Ejecutivo en funciones no puede aprobar unos nuevos presupuestos ni revisar “entregas a cuenta a las comunidades”, debido a su “fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa”.