El ‘negocio’ de Mas con la caja de solidaridad por el 9N: le sale a pagar

¿Impuesto de donaciones o IRPF? Esa es la cuestión. Y la diferencia es importante porque, si se impone el criterio de la Hacienda española, Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega deberían pagar al fisco 1,5 millones de euros por el dinero pagado por la Caja de Solidaridad para cubrir la condena impuesta por el Tribunal de Cuentas por la organización de la consulta del 9N. Tanto el origen como la gestión de ese dinero donado a los dirigentes independentistas, un total de 4,9 millones aportados desde 2014 y que han permitido evitar el embargo de sus bienes, son una incógnita.

La Caja de Solidaridad era gestionada inicialmente por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, pero después fue asumida por la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, que “recoge y canaliza la voluntad de solidaridad de miles de personas de nuestra sociedad para dar apoyo a las víctimas de la represión política”. Sus responsables, que aseguran haber ayudado a unas 140 personas “represaliadas por motivo de la lucha por la independencia”, en una escueta página web.

Donación en masa o una renta más

“Para mí está claro: o es una donación en masa o es una renta más que Artur Mas debería haber declarado en su IRPF”, afirma Esaú Alarcón, abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU. Según explica a Crónica Global, “parece que las entidades soberanistas actuaron como meras intermediarias entre los donantes y los beneficiarios, mediante un contrato que permitiría eludir las responsabilidades fiscales que supone ingresar esas importantes cifras para un objetivo que nada tiene que ver con el fin social exigido para evitar un tipo de gravamen del 25% de lo recibido”. En este sentido, considera Alarcón que son Mas, Rigau y Ortega, y no los donantes, quienes deben estar bajo la lupa de la administración tributaria.

De ser cierto que ese dinero procede de una multitud de donaciones sujetas al impuesto de donaciones, los beneficiarios deberían liquidar esos ingresos ante la Agencia Tributaria de Cataluña, que tiene transferida la competencia de ese tributo. Siempre y cuando las aportaciones efectuadas por una misma persona no superen los 50.000 euros y no tengan vínculo familiar, la tributación por los dos millones recibidos ascendería a unos 300.000 euros, a los que hay que añadir las aportaciones anteriores.

¿Implicación penal?

Sin embargo, Alarcón considera que si no se abona esa cantidad a la hacienda pública, no hay implicación penal, pues “se trata de una multitud de donaciones, no de una sola”. No obstante, considera que el fisco español debería comprobar esa tributación.

Pero el fiscalista advierte de que, según el reglamento tributario, para aplicar el impuesto de donaciones es necesario que no exista contraprestación a la entrega de ese dinero, algo que no ve en este caso, pues “la finalidad es evitar la actuación de la justicia y que un burgués con pensión vitalicia --Mas tiene un sueldo como expresident--, que protagonizó el procés, permanezca en libertad”. Esaú Alarcón considera, por tanto, que las cantidades recibidas por Mas estarían sujetas al IRPF y, en ese caso, debería pagar la mitad de lo recibido. Y ahí sí se corre el riesgo de incurrir en infracción penal si no se abonan las cantidades correspondientes.

“Más de 120.000 euros de IRPF defraudado es delito fiscal. Con las cifras de la fianza y el tipo máximo de IRPF, un 48%, hablaríamos de una presunta cuota defraudada de millón y medio de euros”, concluye el fiscalista.

El precedente: La Caja de Resistencia de Obra Cultural Balear

¿Pero qué opina la Hacienda española de este tipo de donaciones? Existe un precedente, y lo recuerda el abogado fiscalista Alejandro del Campo. En 2014 --el mismo año en que Artur Mas organizó la consulta secesionista--, la Dirección General de Tributos resolvió una consulta sobre la Caja de Resistencia que la Asociación Obra Cultural Balear gestionó a favor de la Asamblea de Docentes. Este movimiento social nació como reacción a la aprobación del Govern de las Islas Baleares del tratamiento Integrado de las Lenguas. Esa caja se financiaba tanto con cantidades aportadas por particulares, empresas y otras entidades, como con los importes obtenidos por la venta en pública subasta de obras de arte procedentes de particulares y artistas.

La consulta planteaba la cuestión de si las cantidades percibidas por los docentes en compensación por los días de huelga estaban sujetas al IRPF o al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La respuesta de la Hacienda española era favorable a la tributación por el IRPF.

Explicaciones en el Parlament

Las donaciones recibidas por Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega generan, por tanto, muchas dudas. Por eso, el diputado de Ciudadanos José Maria Cano ha presentado en el Parlament una batería de preguntas dirigidas al Govern con la finalidad de saber qué tributación se aplica a las donaciones que recibe la Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat y que ésta entrega a terceros. La formación naranja quiere saber el total de la recaudación y si existe algún tipo de exención o bonificación en el impuesto de donaciones o cualquier otro tributo relacionado con esta entidad. Asimismo, Cs pregunta al Govern si está llevando a cabo algún tipo de control sobre el origen del capital de las donaciones recibidas por algunos políticos por parte de esa asociación.