El juzgado mercantil número siete de Barcelona ha aceptado el concurso de acreedores voluntario de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), tras considerar probada la "insolvencia" de la formación, cuyo cierre deja un agujero de 9,2 millones de euros, mientras que el activo, con 26 locales, tiene un valor de tasación de 8,2 millones.
Desaparecerá así un partido histórico en el panorama político catalán, tras más de 30 años de historia, una vez se deshaga de sus activos inmobiliarios. El Consejo Nacional de la formación tomó la decisión de acogerse a este procedimiento y también de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE).
ERE
El coordinador nacional de ICV, David Cid, anunció a principios de julio que, una vez cerrado el concurso, la formación echaría el cierre. "Presentamos un concurso que llevará seguramente, por no decir prácticamente con toda seguridad, a eso. No sabemos cuánto se puede alargar en el tiempo; dependerá de lo que dure el proceso", declaró desde la sede del partido.
La intención de la formación es llevar a cabo un "proceso ordenado". La disolución no será inmediata, de manera que la actual dirección continuará ejerciendo sus responsabilidades, vigilando que el proceso sea transparente y con garantías, ha explicado Cid.
Disolución
Cid tambiém aclaró que ICV todavía no se encuentra en una situación de insolvencia. Aunque los análisis de la situación económica de la formación "hacen prever que en los próximos meses se pueda llegar a ello. Por lo tanto, para no entrar en una situación de degradación, que pueda afectar al conjunto de la organización, se ha tomado esta decisión".