El Govern de la Generalitat habla de economía, propone cuestiones sobre el crecimiento económico, y eso es ya un enorme paso adelante, con todo bloqueado por el proceso independentista. Esa es la primera respuesta de economistas y patronales ante la medida del consejero de Economía, Pere Aragonès, de impulsar un salario mínimo catalán, que supere los 900 euros que fijó el gobierno de Pedro Sánchez. Otra cosa es su concreción. El efecto gaseoso de la fórmula de Esquerra para alcanzar ese objetivo ha logrado, precisamente por ello, una buena receptividad, aunque se sepa y se advierta de que no es una competencia de la Generalitat.
Aragonès quiere presentar un relato económico alternativo y una gestión que lleve a los republicanos a presidir la Generalitat. Con un camino en muchas ocasiones contradictorio, Esquerra se ha acogido al diferencial de precios en Cataluña, respecto al resto de España, para incentivar un salario mínimo que surja de la “concertación social”. En anteriores citas electorales, los republicanos propugnaron un salario mínimo de 1.200 euros. Pero ahora no se señala ninguna cifra. El objetivo es elaborar un documento con todas las bases de ese salario, en unos tres meses, y que se pueda articular de forma normativa en el Parlament.
¿Relato político de ERC?
A partir de ese documento, los interlocutores sociales podrían establecer un acuerdo, siempre a través de convenios sectoriales, y como producto de la “concertación social”. Pero, ¿es sólo una medida electoral? Aragonès lo formuló este jueves, en la presentación del informe anual sobre la economía catalana, admitiendo, desde el primero momento, que la Generalitat no tiene la capacidad legal de fijar ese salario.
Y eso es lo que ha gustado a los diferentes actores económicos. La patronal Foment sostiene que “este Govern, por primera vez, ha comenzado a hablar de economía, de reactivar sectores, y mejorar los salarios es siempre una buena medida, en función de cada ámbito. Aragonès sabe que la Generalitat no lo puede fijar, pero generar ese debate es bueno y se deberá analizar si se concreta, aunque pueda servir a Esquerra para proyectar su relato político y económico”.
El economista Josep Oliver, durante la entrevista con 'Crónica Global' /CG
Diferencias en el nivel de vida
El economista Josep Soler, director del Instituto de Estudios Financieros, señala que el aumento del salario mínimo a pesar de que algunos como él mismo habían pensado “que podía ser perjudicial, se ha demostrado que ha servido para aumentar la demanda interna. No ha sido una mala fórmula, y no lo es que se pueda seguir hablando de ello. Es evidente, sin embargo, que hay riesgos”. Soler señala que un mayor aumento del salario mínimo, sólo en Cataluña, aunque se pudiera aplicar desde el punto vista legal –que no es el caso— podría suponer “un perjuicio para la competitividad de la comunidad, en relación al resto de autonomías”.
El catedrático de Economía Aplicada de la UAB Josep Oliver se muestra partidario de esa medida, de la misma forma que algunas ciudades en Estados Unidos lo impulsaron para que aumentara la demanda interna y para mejorar las propias condiciones de los trabajadores de algunos sectores. “Está comprobado que el coste de la vida en Cataluña es más alto, con una vivienda más cara, con servicios con un mayor coste. Esa medida puede ser positiva, aunque siempre que se logre de forma concertada”. Según Oliver, mejorar los salarios debería ser algo consustancial por parte de aquellas empresas y sectores que puedan realizarlo.
Subida de los costes laborales
Pero la idea de Aragonès trata de evidenciar que Esquerra quiere presentarse a las elecciones autonómicas –cuando el presidente Quim Torra las convoque— con un discurso económico propio. El consejero de Economía señaló que se ha producido una recuperación “progresiva” de los indicadores salariales, con un incremento un poco por encima de la inflación. Eso posibilita una mejora del poder adquisitivo.
El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonès (ERC) / EFE
¿Con qué datos se sustenta eso? En 2018, los costes laborales aumentaron un 2%, después de diversos años estancados o en retroceso. En 2017, los mismos costes habían disminuido el 0,3%. Ese aumento del coste salarial, del 2%, por encima de la inflación, que fue del 1,8%, permitió una mejora del poder adquisitivo. El incremento de los salarios pactados (1,95% en 2018) fue más alto que en 2017 (1,46%), y similar al aumento del coste laboral.
Discurso populista
El economista y profesor de UB Gonzalo Bernardos es más escéptico respecto a las intenciones del consejero de Esquerra. Considera que es una medida “electoral”, que busca un relato de cara a las elecciones. El argumento de Bernardos es que “la Administración no debe entrar en una cuestión, sobre los salarios, que negocian y acuerdan los interlocutores sociales”, desde el reconocimiento, por parte del propio Aragonès, de que “la Generalitat no tiene competencias para ello”.
El economista de la UB se muestra contundente con Esquerra. “Es un discurso populista, porque se sabe que no se puede hacer y que, además, dependerá de la evolución de la economía y de cada sector económico”. Eso sí, “hablar de políticas económicas, buscar y orientar debates, eso siempre es positivo, y es bueno que los salarios puedan ir subiendo, de forma progresiva, siempre que se den las circunstancias”.
Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Cataluña, y Montse Ros, portavoz / CG
La cautela de los sindicatos
Porque, ¿qué capacidad tiene la Generalitat para intervenir en los salarios? Aragonès señaló que la Generalitat puede mostrar un camino al sector privado a partir de los contratos públicos que puedan ir renovando o creando. “La Generalitat es el agente de contratación más importante, con 3.000 millones de euros de contratación cada año, entre prórrogas y mejoras de contratos”, aseguró. En eso, siempre que la administración autonómica pueda cuadrar los presupuestos, sí puede incidir.
Los sindicatos se muestran cautos. Javier Pacheco, secretario general de CCOO, presente en el acto con Aragonès, considera que la medida no tendrá mucho futuro, porque la Generalitat no tiene competencias. Lo que podría impulsar, a su juicio, “es modificar el IRPF”, para gravar a las rentas más altas, aunque el impuesto, en su tramo autonómico, es el más alto de todas las autonomías.
El empleo, ¿seguridad económica?
Con otro tono se manifestó Camil Ros, secretario general de la UGT, al señalar que ese debate sobre los salarios es siempre necesario, aunque el Govern podría intervenir con una reformulación de las condiciones salariales para acceder a una licitación pública. Y que, en todo caso, ya existe un marco de relaciones laborales para abordar los salarios como es el Acord Interprofessional de Catalunya (AIC). Por ejemplo, según Ros, las patronales y los sindicatos ya pactaron el pasado verano que ningún convenio tuviera unas tablas salariales inferiores a los 1.000 euros al mes en el horizonte del 2021.
Con todo, el Govern admite que existe un problema social que se deberá abordar de forma transversal, con la participación de distintos departamentos. Y es que la tasa del riesgo de pobreza en el trabajo llegó al 14,4% en 2018, la más alta desde 2013. Mientras la renta disponible creció el 4,9%, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza lleva tres años consecutivos subiendo, y afecta al 21,3% de la población catalana. Es decir, el empleo ha comenzado a dejar de ser un factor de seguridad económica.