Junts per Catalunya (JxCat), el partido al que pertenece el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha olvidado en un cajón una ley destinada a proteger a los denunciantes de la corrupción. Evitar que estas personas sufran represalias es uno de los ejes de la lucha contra las malas praxis en la Administración. Así lo contempla una directiva europea de inminente aprobación. En el ámbito nacional, la ley de protección para los denunciantes de corrupción impulsada hace tres años en el Congreso tampoco avanza.
En junio de 2018, Ciudadanos presentó en el Parlament una serie de iniciativas legislativas destinadas a luchar contra la corrupción y blindar a los denunciantes. En paralelo, Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya en Comú-Podem y la CUP presentaron su propia ley de protección integral de los alertadores de la corrupción. No obstante, el procés y el bloqueo parlamentario derivado del mismo dejaron en un segundo plano esas iniciativas, a pesar de que el Barómetro sobre la corrupción 2018 de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) desvela que el 81,3% de los catalanes considera que estas prácticas son un problema muy grave o bastante grave –1,3 puntos menos que el Barómetro de 2016— y el 71,9% cree que en Cataluña hay mucha o bastante corrupción, 2,3% menos que dos años antes.
Tramitación conjunta
Finalmente, el pasado 7 de junio, la Mesa del Parlament acordó tramitar conjuntamente la proposición de ley de protección integral de alertadores y la proposición de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. La idea era constituir la ponencia el 4 de julio al finalizar la reunión de la comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. No obstante, se desconvocó debido a una avería en el suministro del agua. “Esa circunstancia no impidió que se celebraran otras comisiones”, afirma la diputada de Ciudadanos María Valle, quien ha presentado un escrito de queja ante la presidenta de esta comisión, Aurora Madaula (JxCat).
En efecto, una avería en la red general de distribución del agua en Barcelona afectó al suministro en el Parlament, lo que obligó a suspender dos comisiones previstas para esa tarde: Empresa y Conocimiento y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. No obstante, se mantuvo la convocatoria de la ponencia de la proposición de ley de reconocimiento del derecho de acompañamiento de perros escolta a las víctimas de violencia machista.
Elaborar un calendario
Cs propuso una alternativa para que los trabajos no se retrasaran más todavía, pero “ni siquiera fue tenida en cuenta por la presidenta de la comisión”, a quien se dirigieron directamente. Es ella la que determina el orden del día de las comisiones.
En ese escrito, la formación naranja había solicitado una nueva reunión a celebrar ayer martes para constituir y elaborar un calendario de la ponencia, donde cada grupo parlamentario ha designado ya a sus ponentes. Pero no ha habido respuesta. Valle considera “una falta de respeto y una falta de responsabilidad” el bloqueo de esa ley de lucha contra la corrupción, un asunto, dice “que es una lacra en Cataluña que debemos atajar a la mayor brevedad posible”.
La diputada asegura que Junts “vuelve a tapar la corrupción, no olvidemos que es el heredero del partido del 3%”, en referencia al supuesto cobro de comisiones por adjudicación de obra pública por parte de Convergència, una práctica que ha dado lugar a varias investigaciones judiciales.
La denuncia de Plataforma por la Honestidad
Pedro Arancón, portavoz de la Plataforma por la Honestidad, afirma que “los partidos políticos se van cayendo en cuanto a su compromiso con la ley de protección para los denunciantes de corrupción” que impulsaron hace tres años en el Congreso de los Diputados. Explica que a los primeros encuentros acudieron todos los partidos excepto el PP. “Hace unas semanas acudimos a un nuevo acto en el Congreso al que tan sólo acudieron Compromís y ERC, partidos que acaban de presentar una nueva proposición de ley”.
Pedro Arancón, portavoz de Plataforma por la Honestidad, en una intervención en el Congreso / CG
El portavoz de esta entidad, que desde hace años lucha por defender los derechos de quienes se atreven a denunciar la corrupción, considera que “proteger a quien denuncia corrupción en este país no interesa por razones obvias. La clase política española va a quedar en evidencia y retratada en la UE porque pronto entrará en vigor una directiva para proteger a las personas que denuncian corrupción que obligará a los estados miembros a adecuar la legislación vigente de cada estado a dicha directiva”.
“Una vez más llegaremos tarde –lamenta-- y nos pondremos en el vagón de cola, y no será porque no les hemos facilitado el trabajo. Más de tres años llevamos avisando y facilitando a los partidos las pautas a seguir”.