La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la decisión del Govern de colocar el lazo amarillo, símbolo de apoyo a los presos independentistas, en la fachada del Palau de la Generalitat. Se da la circuntancia de que el presidente Quim Torra acaba de ser procesado por la vía penal por esta misma conducta. Asimismo, IC ha iniciado también los trámites para impugnar el símbolo colocado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con la misma finalidad.



Por un lado, IC ha impugnado la decisión del Govern de colocar una pancarta que reclama la “libertad de los presos políticos y exiliados”, en catalán y en inglés junto con un lazo amarillo, en el balcón del Palacio de la Generalitat, el pasado 27 de mayo, nada más concluir el periodo electoral.

Vulneración de la neutralidad política

"El recurso contencioso-administrativo es consecuencia del silencio del Gobierno catalán ante el requerimiento que IC había hecho el día 5 de junio al Presidente Torra. En el escrito se emplazaba al Gobierno para que retirase esta propaganda en el plazo de diez días que establece el artículo 30 de la Ley 2/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa", explica la entidad en un comunicado, que ha solicitado al Tribunal que adopte como medida cautelar la retirada de la citada pancarta, dado que "no perjudicará a los intereses generales".



El recurso se fundamenta en la vulneración del principio de neutralidad ideológica de los entes públicos "que han de servir con objetividad a los intereses generales y velar por el pluralismo político (artículos 103 y 1 de la CE)" y del derecho a la libertad de pensamiento (artículo 16 de la CE) "en su vertiente negativa, que exige de los poderes públicos un comportamiento de imparcialidad, incompatible con presentar unos determinados planteamientos ideológicos como oficiales".

"Desviación de poder"

Asimismo, denuncia la "desviación de poder en la actuación del Gobierno autonómico, dado que carece de potestad y competencia para difundir propaganda orientada a reivindicar la libertad para los presos que están siendo juzgados como consecuencia de su participación en el golpe institucional de septiembre y octubre de 2017". En este sentido, recuerda que los poderes públicos están especialmente condicionados por lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.



Entre la jurisprudencia en que se apoya el recurso de Impulso Ciudadano destaca la Sentencia 579/2018, de 5 de julio de 2018, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJC que, con motivo del requerimiento efectuado al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para que retirara la bandera estelada que había colocado el consistorio en un mástil en una plaza pública, declaró que el principio de neutralidad institucional, aunque se vea reforzado en los periodos electorales, “debe mantenerse en todo momento”. Una sentencia acorde con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en sentencia del 28 de abril de 2016, cuando confirmó la decisión de la Junta Electoral Central de retirar esteladas de edificios públicos.

Desobediencia

Torra se negó a retirar una pancarta similar a la que ahora pende del balcón del Palacio de la Generalitat, tal como le obligaban las resoluciones de la Junta Electoral Central, por lo que ha acaba de ser procesado por los presuntos delito de desobediencia por autoridad pública y, subsidiariamente, de denegación de auxilio.



Por otro lado, Impulso Ciudadanos ha emplazado también a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que retire el lazo amarillo del balcón del Ayuntamiento de la capital catalana. El requerimiento se presentó el pasado 20 de junio y el plazo para cumplimentarlo vence el 5 de julio. Se trata del primer paso preceptivo para presentar también un recurso contencioso-administrativo.

Durante su toma de posesión como primera edil, Colau anunció que una de sus primeras medidas tras la constitución del nuevo ayuntamiento sería la restitución de ese símbolo de apoyo a los independentistas presos.