El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentados dos propuestas de resolución (PR) en el Parlament con la finalidad de proteger los derechos de los castellanohablantes. En la primera iniciativa, la diputada Sonia Sierra insta a reprobar a la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, por negarse a responder en castellano a los periodistas. En la segunda, se denuncian las trabas que se ponen a los estudiantes para hacer los exámenes de Selectividad en castellano. Ambas se debatirán en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana.
En la primera PR, Ciudadanos recuerda que, el 11 de junio de 2019, “Budó se negó a responder en español la pregunta de una periodista porque previamente no la había formulado en catalán”. Su explicación fue que “en el turno de las preguntas en castellano lo que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repetir lo que se ha preguntado en catalán, no hacer dos ruedas de prensa paralelas”. “Yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán y, en todo caso, si quieren hacer otro tipo de cuestiones, primero las hacen en catalán y después las repetimos en castellano”, dijo. Aseguró que “esto siempre ha sido una norma” que los informadores “conocen perfectamente” y les pidió que siguieran “las normas que ya había” en esa sala.
La diputada de Ciudadanos Sonia Sierra, durante una intervención parlamentaria sobre educación / CG
Ciudadanos precisa que, “aunque no ha sido posible hallar la normativa a la que hace referencia la Sra. Budó, sí parece que está establecido que los representantes del Gobierno de la Generalitat realizan sus declaraciones en catalán, después contestan en catalán todas las preguntas independientemente del idioma en el que hayan sido formuladas y dedican los 10 últimos minutos de la rueda de prensa a repetir declaraciones en español si así se demanda”.
De esta manera, “en los medios públicos de comunicación de Cataluña solo aparece la parte en catalán y cortan la retransmisión de la rueda de prensa cuando se habla en español”. Todo ello, opina Cs y así lo hace constar en su iniciativa, “sirve para colocar la lengua española –oficial en Cataluña y lengua materna de la mayoría de los catalanes que sufragan con sus impuestos el Gobierno de la Generalitat y los medios de comunicación públicos-- en una posición de inferioridad con respecto al catalán por parte de un gobierno y de unos medios de comunicación que deberían ser de todos”.
Patrimonio histórico, cultural y social
Por ello, en la PR se insta a “reconocer y valorar todas las lenguas oficiales (español) y cooficiales (catalán y aranés) de Cataluña como parte de nuestro patrimonio histórico, cultural y social”, así como “condenar el lamentable incidente de la Sra. Budó al dirigirse a una periodista que estaba intentando realizar su trabajo así como su negativa inicial de no responder una pregunta que no había sido previamente formulada en español”.
También hace un llamamiento a que los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) emitan íntegramente las ruedas de prensa del Govern “sea cual sea la lengua utilizada”.
En una segunda propuesta de resolución, la formación se refiere a la discriminación de la lengua española en las Pruebas de Acceso a la Universidad. “Las instrucciones del Consejo Interuniversitario de Cataluña --dependiente de la Generalitat-- a los examinadores son muy claras: ‘Repartir primero los enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en castellano y recuperar la versión en catalán. Hacerlo constar en el informe’”.
Sentencias judiciales incumplidas
En estas instrucciones, denuncia Cs, “se plasma por escrito el trato discriminatorio que se da a los alumnos castellanohablantes pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinó en 2000 que esta práctica es discriminatoria y que coloca a los alumnos castellanohablantes en una posición de inferioridad ante una prueba de vital importancia para su futuro académico ya que les obliga a ‘superar una dificultad añadida’”. Esta sentencia señala que “una cosa es que la Universidad garantice y fomente el uso de la lengua catalana y otra muy distinta que imponga un uso de la lengua catalana en su actividad de tal manera que por las condiciones en que se realice llegue a excluir o limitar en el ejercicio de su actividad en el uso de la lengua castellana, como ha sucedido”.
Estudiantes en las pruebas de selectividad, que les conducen a las universidades y a los estudios, entre otros, de filología, para ser profesores de catalán /Efe
Pese al contenido de esta sentencia “no han modificado esta práctica en los 19 años transcurridos desde entonces algo que, por desgracia, es habitual en Cataluña por lo que se refiere a las sentencia en materia lingüística”.
Por tanto, en la iniciativa de Ciudadanos se insta al Consejo Interuniversitario de Cataluña a “modificar las instrucciones entregadas a los examinadores de manera que se señale que deben ofrecer a los examinandos la posibilidad de realizar la prueba en la lengua oficial y en las lenguas cooficiales de Cataluña”.
También reclama “disponer en cada aula de modelos exámenes en la lengua oficial y las lenguas cooficiales suficientes para que se puedan repartir de forma indistinta antes de iniciar la prueba para garantizar la igual de condiciones de todos los alumnos”.