Torra solo se acuerda de la Cataluña vacía para hacer campaña

Anuncios y compromisos. Pero la Generalitat no ha revertido todavía los recortes en la llamada Cataluña vacía, donde el 60% de los municipios de menos de 1.000 habitantes ha perdido población entre 2008 y 2015, especialmente en las Terres d’Ebre, Lleida y Pirineo. Desde 2010, la inversión en estas zonas se ha reducido un 86%.

Hace dos años, el Govern creó una Comisión interdepartamental a instancias del Parlament con la finalidad de luchar contra el desequilibrio territorial. Pero esa acción no se ha traducido todavía en medidas  concretas. Eso sí, el presidente catalán Quim Torra recorre ese territorio anunciando la futura puesta en marcha del plan País Viu para combatir la desocupación, el envejecimiento y la despoblación. El pasado día 7 lo hizo en un encuentro con empresarios en el Pirineo.

Los territorios rurales representan el 88% de la superficie total de Cataluña, el 34% de la población catalana y el 79% del total de los municipios. En abril de 2017, el Parlament aprobó una moción sobre la despoblación en las zonas rurales presentada por el diputado del PSC, Òscar Ordeig, en el que se marcaban unas directrices sobre las medidas para minimizar las desigualdades territoriales. Entre las mismas figuraba el desarrollo de las acciones recogidas en el Libro verde sobre la cohesión territorial de la Unión Europea, así como la creación de una comisión interdepartamental, liderada por la Consejería de Agricultura.

Una respuesta integral

Dos años después, poco o nada se sabe de los trabajos de esa Comisión, constituida en septiembre de 2017, más allá de una reunión celebrada el pasado mes de febrero en la que se definieron las líneas en las que cada consejería debe actuar. “Pretendíamos dar una respuesta integral, no solo en materia de agricultura, en la línea de los estudios de la UE. Pero dos años, después, el presupuesto es cero, y no se ha avanzado nada en cuestiones como la creación de más infraestructuras, ayudas al transporte escolar o creación de hospitales. Al contrario, se ha producido una recentralización de servicios públicos”, explica Ordeig. Precisa que la coordinación entre Estado, ayuntamientos y Generalitat es fundamental, pues "los fondos europeos van a prestar mucha atención a estas zonas".

El socialista denuncia que los territorios catalanes más despoblados son los más perjudicados por los recortes. Así, desde 2010, la inversión en Lleida –la zona más vacía junto a las Terres d’Ebre y Pirineo-- ha descendido un 86%.

La moción parlamentaria también instaba a incrementar el presupuesto perdido desde 2010 para la gestión y la promoción de los parques naturales de Cataluña, que acumulaba un descenso del 60%.

En efecto, según los datos proporcionados por la Consejería de Territorio, las aportaciones de la Generalitat a los consorcios dedicados a la gestión de los espacios naturales protegidos, de los 2,1 millones de 2010 a los 1,05 millones de 2018. Asimismo, los espacios naturales protegidos recibían hace nueve años un total de nueve millones de euros, mientras que en 2018, la cifra bajó a 8,4 millones.

La ponencia de estudio del Senado

Además del libro verde sobre la cohesión territorial de la UE, otro de los informes de referencia es el elaborado en 2015 por la ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España. Así, a comienzos de 2014, según datos del INE, un 21 % de las personas nacidas en España y residentes en este país no vivían en su provincia natal. “Las consecuencias de la despoblación son negativas para la economía y las perspectivas futuras de las zonas geográficas afectadas, al perder consumidores, mano de obra, atractivo para la inversión, masa crítica y economías de escala para la provisión de todo tipo de bienes y servicios, privados y públicos. Son provincias y zonas, que, además, quedan con una población más añosa, ya que las personas que de ellas emigran son, mayoritariamente, individuos jóvenes y de mediana edad. Esto refuerza las tendencias generales a la pérdida de población y al envejecimiento social que genera el denominado «invierno demográfico», debido principalmente a una natalidad insuficiente”, se advertía en esos trabajos donde Lleida aparecía como una de las provincias con más éxodo de población, compensada por la llegada de inmigrantes extranjeros.

Medidas fiscales especiales

Una de las recomendaciones más destacables de ese estudio era la necesidad de adoptar medidas fiscales especiales para los habitantes de las zonas despobladas con el fin de que, tanto las empresas como los profesionales, tengan voluntad y encuentren incentivos para instalarse en ellas. Invertir en infraestructuras en forma de transporte, tecnología y conexiones energéticas, así como en centros sanitarios, educativos, de atención y de actividades culturales y de ocio, era otra de las propuestas junto a la agilización de licencias y autorizaciones para emprender negocios.

También instaban a impulsar el “turismo idiomático” en las zonas rurales, así como el fomento de las field commission para que puedan explotarse los parajes y monumentos en rodajes de películas, con la doble vertiente de promocionar esos lugares con dinamización del sector hostelero y turístico.

“Sin embargo, nada de eso se ha hecho. La inversión pública se centra en el área metropolitana de Barcelona, mientras que en hay pueblos de Lleida y las Terres d’Ebre a punto de desaparecer. A diferencia del resto de España, Cataluña no es una comunidad muy extensa, por lo que se podrían agilizar medidas”, advierte el diputado socialista. El 60% de los municipios de menos de 1.000 habitantes ha perdido población entre 2008 y 2015, sobre todo en el Prepirineo, Lleida, interior de Tarragona y Terres d’Ebre.