“Nos sentimos engañados”. Los padres de alumnos sordos están indignados con el triunfalismo de Quim Torra respecto a su primer año de gobierno. Entre las inversiones anunciadas como gran logro figuran 750.000 euros para contratar intérpretes en lengua de signos en la etapa postobligatoria que, lejos de cubrir las necesidades de este colectivo, es idéntica a la aprobada en 2017.
“La noticia es engañosa porque dice que ‘da cumplimiento a las demandas de los alumnos con sordera, coincidiendo con el aniversario de la aprobación (en 2010) de la Ley de Signos de Cataluña (LSC)’. El colectivo de familias y los propios alumnos nos sentimos engañados, ya que hablamos de la misma cantidad que se destinó en 2017”, explica a Crónica Global Marian González, madre de un niño sordo y presidenta de la Associació Volem Signar i Escoltar.
Cifra insuficiente
El pasado 3 de junio, Torra hizo balance de su primer año de legislatura y anunció que el Govern destina 750.000 euros para contratar intérpretes en lengua de signos en la etapa postobligatoria. “Con esta aprobación, se da cumplimiento a las demandas del alumnado catalán con sordera en esta etapa, la no obligatoria”, indicó. La dotación se dividía en dos ejercicios, 283.640 euros para 2019 y 465.980 euros para 2020.
Pero se da la circunstancia de que, en 2017, se destinó una cantidad idéntica y que no satisface las necesidades de este colectivo.
Representantes de alumnos sordos en el Parlament, donde el PSC ha presentado una iniciativa para garantizar la educación bilingüe oral y de signos / CG
“La manera de publicarlo con una nota de prensa desde el Govern, y coincidiendo con nuestra reciente comparecencia en el Parlament, hacía pensar que habíamos ganado una batalla”, explica González, quien recuerda que, en diciembre de 2018, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La inversión se refiere solo a la educación postobligatoria, pero los problemas en educación del alumnado sordo van mucho más allá. “Tenemos problemas en todas las etapas educativas, situación que provoca que el alumnado sordo tenga serias desventajas y viva una grave discriminación”, afirma la presidenta de Volem Signar i Escoltar, quien precisa que “nosotros apostamos por la educación y no únicamente por la rehabilitación, como hace la Generalitat”.
Esta asociación cifra en 2,6 millones de euros la cantidad que la Generalitat debería destinar a cubrir “una educación bilingüe de calidad para los alumnos sordos”.
Cuatro alumnos con diversidad funcional auditiva y una intérprete en una aula de la Escuela del Trabajo de Barcelona / CG
Por un lado, se necesitarían 300.000 euros en atención temprana, algo que no contempla la LSC, aún siendo ésta la etapa más importante para la adquisición del lenguaje y para el desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños (etapa 0-3 años). Otros 800.000 euros irían destinados a las etapas educativas obligatorias y 1,5 millones de euros para contratar intérpretes para la educación postobligatoria (ciclos formativos, bachilleratos...)
“Si tenemos en cuenta que el coste de un implante Coclear, vendido como el milagro de la sordera, tiene un coste de entre 28.000 y 44.000 euros, con una media de 32.000, entonces los 2,6 millones es igual a la cantidad de 80 prótesis en un año”, explica Marian González. Los departamentos de Salud y Educación, añade, “siguen preocupados por la rehabilitación del niño sordo y no por su educación. Sigue viéndose al niño sordo desde un punto de vista patológico”.
Privación lingüística
Volem Signar i Escoltar denuncia “intereses económicos alrededor de la sordera. Las empresas de audífonos y de implantes cocleares siguen fregándose las manos cuando nace un niño sordo. Aún y así, aquí no acaban nuestros problemas, en consecuencia de todo este negocio de las prótesis y de no exponer al niño sordo a la lengua de signos desde el primer momento de la detección de la sordera, tenemos niños con problemas psicológicos graves, creando incluso una doble discapacidad además de la sordera en Cataluña. Esto es muy grave y recibe el nombre de Privación Lingüística. Constituye además un maltrato institucional en mayúsculas”.
El año pasado, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca), la Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya y la Associació Volem Signar i Escoltar comparecieron en el Parlament para denunciar su situación.