“No me siento un presidente provisional”. Lo dijo Quim Torra durante la presentación del balance de su primer año de gestión. Los hechos corroboran sus palabras. El mandatario independentista se ha dedicado en los últimos meses a rodearse de cargos fieles al independentismo. Y, obviamente, eso pasa por hacer limpieza de tibios.
Torra llama a formar un gobierno independentista en Barcelona
La frase pronunciada por Torra sorprendió porque, en su toma de posesión, subrayó el carácter accidental de su cargo y aseguró que Carles Puigdemont es el presidente legítimo. Pero el goteo de ceses, tanto en Presidencia, como en los departamentos de Interior y Justicia --fundamentales de cara a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O--, demuestran que el dirigente de Junts per Catalunya está decidido a mover los hilos del Govern.
Ayer se dio a conocer la nueva organización de la Policía de la Generalitat, que da una vuelta de tuerca al perfil independentista marcado por Eduard Sallent. El nuevo jefe de los Mossos, lejos de despolitizar el cuerpo, añade presión identitaria de cara a la sentencia del 1-O. Las previsibles condenas preconizan agitación social, y Torra no quiere que se repitan las cargas policiales contra los activistas independentistas, tal como ocurrió el año pasado en Barcelona y Girona con motivo de la celebración del Día de la Constitución.
Homenaje en Alcanar (Tarragona) a los Mossos con el nuevo comisario Josep Maria Estela (tercero por la izquierda) / GOVERN
Por ello, Sallent sustituye a Miquel Esquius, destituido por sorpresa tras una gestión técnica bien valorada dentro del cuerpo. Esquius, a quien nadie informó de la creación de esa guardia pretoriana de Torra --formada por agentes fieles a la causa elegidos a dedo-- será nombrado jefe de la Región Policial Pirineu Occidental “a petición propia”, según informó ayer la Consejería de Interior. Fuentes policiales califican ese destino de “autoexilio”.
El nuevo equipo de Sallent incluye el nombramiento de Xavier Porcuna como jefe de la Comisaría General de Información. Las mismas fuentes destacan su perfil separatista, el mismo que ostenta David Boneta, que se mantiene como jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial. “Está llamado a ser el futuro jefe de los Mossos, es la gran esperanza de los independentistas. Se mantiene a la espera”, explican las mismas fuentes.
Denuncias sindicales
Respecto al comisario Jaume García Valls, jefe de la División de Asuntos Internos (DAI), se trata de un cargo continuista. Hasta ahora ocupaba el cargo de intendente y todo apunta a que mantendrá la consigna de no tocar a los mossos independentistas que hacen activismo. Por el contrario, la DAI se ha caracterizado por ser inflexible con los mossos constitucionalistas que denuncian las presiones de sus jefes. El sindicato Uspac ha pidió la dimisión de García Valls por su “arbitrariedad” en la “instrucción de los procedimentos sancionadores, convirtiéndose en una inquisición hacia los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra”.
Sallent recupera a Sergi Pla, ex policía nacional, como jefe de la Región Metropolitana Norte.
La nueva organización se completa con otros ocho mandos ascendidos a comisarios por el consejero de Interior, Miquel Buch, el pasado mes de abril.
Antilazos y colaboración en el 1-O
Josep Codina Freixa, jefe de la Comisaría Técnica y de Planificación de la Seguridad, está incluido, junto a otros dos mandos, en una carta escrita por tres agentes en la que se denuncia su apoyo a los policías que se negaron a intervenir el 1-O, así como la pasividad de la División de Asuntos Internos (DAI), que ven entregada al independentismo.
El comisario Josep Maria Estela, jefe de la Región Policial de Camp de Tarragona, citado como testigo en el juicio sobre el 1-O que se sigue en el Tribunal Supremo, fue uno de los responsables de investigar el atentado yihadista en Alcanar (Tarragona). Los miembros de las brigadas antilazos le sitúan al frente de la unidad que ordenó actuar contra un grupo de ciudadanos que retiraban símbolos independentistas en agosto de 2018. El caso fue muy polémico porque, además de identificar a 14 personas, los Mossos advirtieron de que esta conducta podía comportar multas de hasta 30.000 euros.
Josep Lluís Rossell, jefe de la Región Policial Central, está considerado como la mano derecha de Miquel Esquius.
La nueva comisaria de los Mossos, Cristina Manresa
Una de las principales novedades es la designación de la comisaria Cristina Manresa como jefa de la Comisaría Superior de Coordinación Central. Fue investigada por el 1-O. Es la primera vez en la historia de los Mossos que una mujer asume este cargo.
Ceses en Presidencia
En Presidencia, el cese más reciente es el de Sergi Sabaté, hasta ahora asesor del president en gestión de redes sociales. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que Sabaté se había revelado como una persona a favor del diálogo y que incluso había valorado positivamente la designación de dos catalanes, Meritxell Batet y Manuel Cruz, como presidentes del Congreso y del Senado. “Por la vía de Batet y de Cruz, el Estado puede obtener mucha más visibilidad en cualquier acto en Cataluña. Veremos si los socialistas juegan esta carta para reforzar sus relaciones institucionales con los agentes que les interese de la sociedad catalana”, escribió Sabaté en su blog. “Parece que el diálogo cotiza a la baja en Palau”, explican fuentes soberanistas.
Algo más sonado fue el cese en enero de Josep Rius, jefe de gabinete y hombre de confianza de Puigdemont, sustituido por Joan Ramon Casals, por entonces alcalde de Molins de Rei.
Amagos de deserción
La estrategia radical de Torra ha ido acompañada de amagos de deserción por parte de altos cargos de la Consejería de Presidencia. El punto álgido tuvo lugar a finales de año, cuando el presidente catalán apostó por la violenta vía eslovena para lograr la independencia de Cataluña.
Tal como informó Crónica Global, estos cargos temían que su asociación con el president les perjudicara laboralmente, e incluso intentaron contactar con un conocido headhunter.
Pero las depuraciones se remontan al verano de 2018, cuando el nuevo gobierno de Quim Torra decidió prescidir de los “colaboracionistas” con el Gobierno español, es decir, de aquellos que se mantuvieron en el cargo durante la aplicación del artículo 155.
Especialmente llamativa, la destitución de Joaquim Nin, que había ocupado el cargo de secretario general de Presidencia desde que Puigdemont fue nombrado presidente, en enero de 2016. Nin, quien solo se mantuvo en ese puesto durante el 155, sino que asumió nuevas responsabilidades por decisión del Gobierno español. En concreto, se le asignó la potestad de autorizar gastos y dar luz verde a contratos públicos por un importe igual o superior a 30.050 euros. Fue sustituido por Meritxell Masó, que se convierte así en la número dos del departamento gestionado por Elsa Artadi.
Reestructuración en Justicia
En el departamento de Justicia, gestionada por ERC, también hubo cambios y fueron premiados quienes se mantuvieron fieles a Puigdemont y al consejero destituido Carles Mundó. Así, la hasta entonces secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, Patricia Gomà, pasó a ser secretaria general de Justicia. Y el gerente de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Joan Domènec Abad, pasará a ocupar la vacante que deja Gomà.
El presidente Quim Torra, y el secretario general de Prisiones, Armand Calderó (d), ambos con lazo amarillo/ EFE
Rosa Anna Castilla, directora general de Modernización de la Administración de Justicia que se mantuvo en el cargo durante la intervención del Estado, fue cesada y sustituida por Montserrat Muñoz.
Asimismo, la Dirección General de Servicios Penitenciarios que, hace cinco meses, fue absorbida por una nueva secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas. Al frente de la misma se encuentra el hasta entonces director, Armand Calderó, quien luce lazo amarillo en los actos y se ha manifestado a favor de la liberación de los presos independentistas. Ahora se encuentran el régimen preventivo y en cárceles de Madrid mientras se celebra el juicio pero, si la sentencia es condenatoria, cumplirán sus penas en las prisiones catalanas.