"Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que en terminología del jurista Hans Kelsen se llama golpe de Estado", ha dicho el fiscal Javier Zaragoza en su alegato de acusación este martes en el Tribunal Supremo. Y, para ello, no es necesario que la rebelión se lleve a cabo con "militares" ni precedido del "Estado de sitio". Basta, a juicio de la acusación del ministerio público, con intentar "subvertir el orden constitucional" con la colaboración de los Mossos d'Esquadra y las "movilizaciones en las calles" y abriéndose a la posibilidad de que se genere la tensión y "violencia" necesaria para lograr los fines del Ejecutivo.
El fiscal Zaragoza ha hecho referencia como material probatorio a la agenda Moleskine de Josep María Jové, secretario general de Hacienda, en la que aparecen "con nombre y apellidos" los procesados como responsables de implementar la república catalana. "Forcadell fue advertida hasta en siete ocasiones por el Tribunal Constitucional", ha recordado para reflejar ese espíritu de querer quebrantar la legalidad de la acusada. En este sentido, se ha apoyado en la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que da la razón al Tribunal Constitucional respecto a la suspensión del pleno en el Parlament sobre el 1-O como actuación imprescindible para "mantener los derechos y libertades" de todos. Algo que la presidenta de la Cámara catalana no tuvo en cuenta.
"No es sedición"
Otros de los materiales aludidos ha sido Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya y el documento EnfoCats. "No es sedición. El carácter violento" de la rebelión no hacen falta militares ni tiene que estar precedido del Estado de sitio, ha insistido.
En lo que se refiere al papel de Oriol Junqueras en el plan rupturista, el ministerio público ha citado como elementos fácticos su participación en la convocatoria del referéndum ilegal y la aprobación de destinar fondos para su celebración. "Fue advertido hasta en ocho ocasiones por el Constitucional". "Sus dos principales subordinados políticos, Lladó y Salvadó, eran los encargados del control del referéndum y del desarrollo y creación de todas las estructuras de Estado". Ambos cargos dependían del entonces vicepresidente del Govern. "El Estado mayor del procés aparecían en esa agenda [Jové]". Por Estado mayor hace referencia a los nombres de todos los procesados, como "Jordi Turull o Josep Rull".
Zaragoza tambien ha tildado la comparecencia que ofreció Junqueras ante el tribunal de "un ejercicio de cinismo sin precedentes". En esa ocasión el líder de ERC dijo que "el Estado nunca tuvo la intención de dialogar".
Las calles, elemento para a la rebelión
De acuerdo con la Fiscalía, Junqueras arengó las movilizaciones en las calles. También ha definido a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez como "los dinamizadores para que se pudiera votar" y de las concentraciones del 20 de septiembre en las conselleríes". También ha recordado que es una "manipulación" cuando se apela a que solo buscaban "votar": "No criminalizamos el voto sino lo que se persigue: incumplir y desobeder reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas aquellas que prohiben un referendum ilegal, algo que siempre ha sido delito".
Ha dicho que "los llamamientos son continuos, hasta en 14 o 15 ocasiones, en medios de comunicación".
En el turno de acusar a Joaquim Forn, el fiscal ha sostenido que hay "15 correos electrónicos" del exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a Forn sobre cómo "neutralitzar" los mandatos judiciales. "Estaba previsto que murallas humanas fueran a proteger los centros [de votación]", ha añadido. De acuerdo con Zaragoza, la función principal de los binomios de la policía autonómica --las parejas de agentes-- no era frenar el referéndum, y ha puesto como ejemplo cómo se dedicaron a perseguir a "grupos de extrema derecha" y a otros asuntos. "Los Mossos cerraron un 1% de los centros".
Los Mossos "simularon" detener el 1-O
De este modo el ministerio público ha puesto también en el foco de la rebelión al cuerpo de policía autonómico: "La prefectura de los Mossos puso en marcha un plan de actuación pensado para simular que se cumplía el mandato judicial y facilitar la celebración delreferéndum ilegal". La ha tildado incluso de "montaje".
También ha puesto como ejemplo el hecho de que Forn dejara en manos de los activistas de ANC y Òmnium Cultural las protestas del 20S. "Provocaron una situación de tensión. Lo excepcional es que dos señores [Cuixart y Sánchez] se convirtieron en los responsables del órden público en Barcelona. Impartían órdenes a los Mossos, como ha quedado demostrado, y condicionaron la intervención de la Guardia Civil". A su juicio esta "excepcionalidad" solo se repuso el 27 de octubre, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.