Es una de las noticias del día. La boda de Manuel Valls y Susana Gallardo, heredera de los laboratorios Almirall, el próximo mes de septiembre. El futuro enlace ha trascendido en pleno debate sobre los pactos municipales en la ciudad de Barcelona. Valls, ya concejal barcelonés, está en el foco mediático por su oferta de apoyo “sin condiciones” a la alcaldesa en funciones, Ada Colau, para evitar un gobierno independentista.
Pero hay otro aspecto que puede centrar todavía más la atención en el exprimer ministro francés. Y es la amnistía fiscal a la que se acogieron el futuro suegro de Valls, Antonio Gallardo, y su hermano Jorge, con la que regularizaron en 2012 unos 113 millones de euros ocultos en cuentas de Suiza.
El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, posa junto a su pareja, Susana Gallardo, en la entrada de los Premios Planeta
En junio de 2016, la investigación de los llamados Papeles de la Castellana, publicada por varios diarios, sacaron a la luz ese fraude fiscal que afecta a la familia política del exprimer ministro francés. En concreto, la documentación destapada indicaba que los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart habían legalizado 113 millones de euros al acogerse a la amnistía fiscal aprobada por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante el Gobierno del PP. Los Gallardo, que tienen una de las fortunas más grandes de España, mantenían un patrimonio oculto en varias cuentas en Suiza. Jorge Gallardo, presidente de Almirall y expresidente de Farmaindustria, regularizó 55.818.421,65 euros, mientras que su hermano Antonio, expresidente de la farmacéutica, afloró 57.160.692,48.
Los dos hermanos pagaron a Hacienda 1,3 millones de euros por sus activos ocultos.
"No nos hemos llevado dinero a Andorra"
Se da la circunstancia de que unos meses antes, el 25 de noviembre de 2015, Jorge Gallardo, tío de Susana Gallardo, pronunciaba una conferencia en el Círculo de Economía, en el marco del Ciclo de Diálogos Empresa y Sociedad, en el que aseguraba que su familia no había ocultado dinero en Andorra. Lo cual es cierto, aunque nada dice de esas cuentas en Suiza que aparecieron en los Papeles de la Castellana. “Somos una compañía catalana que ha creado empleo y hemos pagado todos los impuestos, no nos hemos llevado nada a Andorra”, aseguró en esa charla.
La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Permitió a casi 31.500 beneficiarios regularizar sus activos no declarados a Hacienda y aflorar 40.000 millones ocultos al Fisco.