El debate sobre el sesgo televisivo de la en el tratamiento del conflicto independentista traspasa fronteras. Dicho de otra manera, las dudas sobre la imparcialidad de TV3 en la cobertura de informaciones sobre el procés se ha hecho extensiva a otras cadenas públicas como la televisión suiza.
La internacionalización de esa polémica, que aquí ha dirimido el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), dio lugar a una discusión muy similar en un organismo homólogo en Suiza a raíz de las quejas de la comunidad española afincada en ese país.
Los pasados días 11 de septiembre y 1 de octubre de 2018, la televisión pública SRF emitió sendos programas sobre la situación catalana, uno sobre la Diada de Cataluña y otro sobre el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Testimonios no equilibrados
En las quejas presentadas por los residentes españoles se aseguraba que los testimonios recogidos no eran equilibrados y contenían información inexacta.
Esas denuncias fueron analizadas por la Junta Independiente de Apelación para Radio y Televisión, UBI. Se trata de una comisión federal extraparlamentaria cuya finalidad es analizar si los contenidos de los programas de la radio y la televisión de las cadenas suizas o la oferta publicitaria han violado las disposiciones legales. Una tarea muy similar a la que lleva a cabo el CAC, órgano regulador de los contenidos audiovisuales emitidos en Cataluña.
El relator de la ONU, Fernand de Varennes, con Alfred Bosch y Carles Puigdemont / FOTOMONTAJE DE CG
En el caso de los programas dedicados al procés, UBI resolvió el pasado 10 de mayo que se había informado “correctamente y de manera transparente” del trasfondo histórico de la fiesta nacional catalana y del movimiento independentista. En el caso del programa emitido el 11 de septiembre, la queja se rechazó por ocho voto a favor y uno en contra, mientras que el espacio dedicado al referéndum fue avalado por todos los miembros de UBI.
"Frases desafortunadas o inexactas"
Aunque se admitió el uso de frases desafortunadas o inexactas, este organismo resolvió que éstas “no afectaron significativamente la opinión pública”.
Las decisiones de la UBI se pueden recurrir ante el Tribunal Federal.
Suiza es uno de los países donde la diplomacia catalana tiene una fuerte presencia. La Generalitat tiene delegación en Ginebra --el “embajador” es Manuel Manonelles-- y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) tiene también representación. La presencia de organismos internacionales, como Naciones Unidas, ha colocado el país suizo en el punto de mira del Govern.
El relator de la ONU y Puigdemont
“La disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales”, manifestó en febrero del año pasado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes. Así lo hizo constar en un informe publicado tras una visita a España que incluyó, entre otros, un encuentro con el consejero del consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
La posición del relator de la ONU sobre los presos independentistas se enmarca en las estrechas relaciones que mantiene el Govern con ese organismo internacional y que, durante el gobierno de Carles Puigdemont, se tradujo en acuerdos y subvenciones por parte de la Generalitat que en algunos casos superaban los 100.000 euros. En octubre de 2018, el presidente Quim Torra pronunció una conferencia en la capital suiza, en la que reclamó la mediación internacional. Ana Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC) se fugaron a Ginebra para eludir a la Justicia española.