Los letrados del Congreso avalan la suspensión de los diputados presos

Los letrados del Congreso de los Diputados lo ven claro: la suspensión de los diputados presos por el 1-O debe ser aplicada de inmediato. El informe pedido por Meritxell Batet a los expertos jurídicos de la Cámara Baja se respalda en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para defender que los políticos catalanes procesados deben ser cesados de sus derechos y deberes como representantes públicos mientras se encuentren siendo juzgados. 

Dicho documento se realizó a requerimiento de la presidenta del Parlamento nacional para que la Mesa del Congreso lo analice y --previsiblemente-- acate sus indicaciones. Este órgano se reuniá hoy a las 12.30 horas para deliberar y comunicar su decisión para con los políticos implicados en el juicio del procés. 

Artículo 384 bis de la LECrim

Los expertos que han redactado el informe se refieren, concretamente, al artículo 384 bis de la LECrim, que especifica que "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público" en el momento en el que se halle en firme un procesamiento judicial en el que se haya decretado prisión provisional "quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". Este artículo fue introducido en la ley en la reforma aplicada en 1988, a través de una Ley Orgánica. 

Esta misma sección legal fue la seguida por el juez Pablo Llarena para suspender a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez --además de Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig, fugados de la Justicia, y Forn-- cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament de Cataluña. En aquel momento, el magistrado dio la oportunidad a los partidos a los que pertenecían, ERC y JxCAT, de una delegación de voto, un procedimiento que podría volver a ponerse sobre la mesa en el Congreso. 

Rigor jurídico

El informe de los letrados de la Cámara Baja se refiere al marco legal nacional, y no al reglamento del Congreso --como defendía el Supremo--, para que la suspensión de los diputados en prisión provisional sea inmediata. El Alto Tribunal fue señalado por el Ejecutivo como responsable de decidir el futuro de los procesados, pero devolvió tal acto a las Cortes Generales (en concreto, a la Mesa del Congreso) alegando que en el reglamento de estas señalaba la actuación que seguir. 

El rigor jurídico del documento presentado da respaldo a la recién nombrada presidenta de la Cámara Baja para decretar la suspensión de los diputados republicanos y neoconvergentes. La estrategia de Batet al hacer la demanda de este informe era la de conseguir una argumentación sólida desde el punto de vista de la Justicia española y evitar, con ello, los juicios sobre la politización de la decisión del órgano de gobierno del Congreso.