Anna Saliente, candidata de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, es la coautora, junto a Laura Macaya, del protocolo para prevenir las agresiones sexuales en espacios privados de ocio nocturno que costó 15.064,50 euros del erario público. El documento, titulado Protocolo No Callem contra las agresiones y acoso machistas en los espacios de ocio nocturno, se publicó en febrero de 2018, pero la ausencia de una aproximación integral y coordinada con todos los actores implicados en la prevención de la violencia machista ha hecho que haya quedado “obsoleto” tan solo un año después de su publicación, apuntan fuentes especializadas en seguridad.

El equipo municipal ha confirmado a este medio el montante total de la elaboración del protocolo y la participación de la dirigente cupaire como "experta en violencias sexuales", y bajo la tutela de Macaya, quien era "la responsable del proyecto". Por su parte, el equipo de Saliente replica que "no tiene por qué decir" cuál fue la parte salarial correspondiente del total de 15.064,50 euros facturados que se embolsó. Fuentes de la Universitat Autònoma de Barcelona aseguran que hasta 2018 --año de la publicación del protocolo-- la alcaldable de la formación antisistema no retiró su titulación de socióloga de la facultad. Su equipo explica que terminó la carrera en 2013 y que en ningún momento se le reclamó aportar el título para incorporarse en el proyecto público del protocolo.

Interior enmienda el plan

El Departamento de Interior ha enmendado el protocolo del consistorio barcelonés con la publicación, el 4 de abril de 2019, de otro más detallado que cuenta con la seguridad privada y los vigilantes de las salas, además de los Mossos d’Esquadra para abordar la problemática. “El protocolo del Ayuntamiento no tiene en cuenta las autoridades competentes, Interior se ha dado cuenta de ello y ha creado uno para que los vigilantes puedan sancionar a aquellos que cometan el delito”, explican a Crónica Global desde el Sindicat ADN de seguridad privada.

El protocolo de Interior facilita que aquellos que trabajan en locales privados de ocio nocturno puedan iniciar el trámite de sanción administrativa o penal a través de unos formularios que son reemitidos a los jueces o a la administración pública. "El del Ayuntamiento, en cambio, no está dando los recursos a la seguridad para defender a las víctimas o actuar preventivamente", añade un portavoz del sindicato.

Desde el sector apuntan a que ha sido una forma de "enmendar" un protocolo "obsoleto" que no contemplaba todos los sectores y subsectores implicados en la materia.

'Olvido' de la seguridad y vigilantes

Pese a ser un protocolo enfocado a los espacios privados de ocio nocturo, Saliente y Macaya evitan prácticamente hablar del rol de los empleados de seguridad y el de los controladores de acceso. En la parte de actuaciones de prevención se limitan a decir que "cada local debe hacer una evaluación de sus zonas oscuras, escondidas o que faciliten la vulnerabilidad o soledad de las personas usuarias".

Por lo que respecta a los controladores de acceso únicamente esgrimen medidas en las que no haya una diferenciación de precios en función del sexo ni que haya "normativa en los códigos de vestimenta", pero en ningún caso observan la función de estos emplados como actores clave para prevenir las agresiones. Parte de lo mismo sucede con la Guardia Urbana, que no aparece en el protocolo pese a tener delegadas algunas funciones en seguridad ciudadana.

Animadversión a los cuerpos policiales

En sentido diametralmente opuesto, el de la Conselleria de Interior coordina todos los actores en seguridad (policía de Cataluña, formada por el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, así como los policías locales; policía portuaria y profesionales de la seguridad privada) con otros actores que tienen incidencia en el ámbito de la seguridad y del ocio con "el fin de que ningún hecho se escape se su conocimiento y se establezca de quién es el papel que cada una de estas personas debe tener a la hora de prevenir, pero también de la hora de reaccionar ante estos tipos de violencia".

El plan de Saliente destaca por la ausencia en pretender dotar a la seguridad privada y pública de mayores competencias para abordar los casos de abuso y agresión sexual. Desde los sindicatos afectados consideran que es deliberado y critican a BSM (Barcelona Serveis Municipals) de difundir únicamente el protocolo del consistorio --y no el del Interior-- a la hora de hablar con los promotores privados que alquilan zonas para realizar eventos, como el Fórum, durante el Primavera Sound, o los diferentes conciertos en el Palau Sant Jordi.