Si ayer la defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell abrió la vía para desmarcarse a toda costa del epicentro de las decisiones adoptadas en el marco del procés, a quien se sumó la del exconsejero de Justicia Carles Mundó para intentar acreditar que en ningún momento dispuso de fondos públicos destinados al referéndum ilegal del 1-O, esta mañana los cuatro últimos de los más de 400 testigos que han desfilado ante el tribunal durante los últimos meses han buscado encapsular el papel de los exresponsables de Gobernación Meritxell Borràs y de Empresa Santiago Vila para desmarcarles de la deriva secesionista, apoyándose incluso en las indicaciones que habría efectuado el expresidente Carles Puigdemont sobre cómo debía financiarse la consulta.

Los abogados de los cuatro acusados, tres de los cuales --Mundó, Borràs y Vila-- son los únicos procesados que se sientan en el banquillo en libertad provisional, han optado por evitar su inmolación por la causa independentista y seguir sus propias estrategias, más patentes que nunca, que pasan por alejarse de las resoluciones clave que culminaron con la celebración de la consulta el 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia 27 días después. Y para ello han achacado, como ya lo hicieran los propios inculpados, un valor más simbólico que administrativo a un referéndum acotado al ámbito de lo político y no de lo jurídico.

La situación de los diputados presos irrumpe en el juicio

La fase testifical a punto estaba de concluir cuando el desarrollo de la jornada se ha tornado en alboroto, más en el exterior de la sala donde tiene lugar el juicio que dentro, cuando ha salido a la luz la decisión del tribunal de rechazar pronunciarse sobre la suspensión de las funciones de los parlamentarios electos que se encuentran encarcelados y que devuelve al Congreso de los Diputados la evaluación del futuro político más próximo de los procesados. En la estancia donde se suceden los interrogatorios nada cambiaba y las partes proseguían con sus preguntas.

Los testigos y la propia resolución del tribunal han amenizado una mañana que comenzaba a entrar en terreno farragoso cuando el presidente, Manuel Marchena, ha reanudado la fase pericial con la comparecencia de cuatro peritos prestos a detallar los criterios técnicos que emplearon para elaborar los informes con los que tasaron los espacios destinados a las votaciones del 1-O y se internaran en los entresijos de las rentabilidades inmobiliarias.

Las indicaciones de Puigdemont

Pero antes de que las primas de riesgo y las normativas catastrales entraran en escena, salía a la luz el nombre de Puigdemont. Sucedía mientras declaraba, a propuesta de Vila, el ex secretario general de la Consejería de Empresa Pau Villòria, quien ha salido en defensa de la gestión de su exsuperior al aseverar que este, antes de la celebración de la consulta, le dijo que diera instrucciones precisas para que no se iniciase ningún gasto relacionado con el referéndum. “Me comentó que el presidente [en alusión a Puigdemont] le había dicho que el 1-O se financiaría con aportaciones de particulares”.

Ha sido la breve mención que el testigo ha efectuado en referencia al entonces máximo responsable de la Generalitat en un intento por alejar el fantasma de la malversación, condimentándolo con las indicaciones que habría podido formular Puigdemont al respecto. Y ha insistido en parapetar a Vila en un lugar ajeno a los avatares de los meses previos a la consulta: “Me comentó que el referéndum debía entenderse como una declaración política”.

Vila y Borràs se desmarcan de la malversación

También el ex director de servicios del departamento dirigido por Vila Josep Solà ha echado un capote al exconsejero al aseverar que “de ninguna manera” este podía comprometer gasto alguno puesto que el sistema para utilizar los fondos estaba “reglado”, las adjudicaciones estaban fiscalizadas por la intervención y, además, Vila le dijo que de la consejería no saldría ninguna cantidad destinada al referéndum.

En cuanto a los testigos propuestos por Borràs, la defensa ha intentado desvincularla, a través de los mismos, de los trámites y las decisiones del procés. El exjefe de la asesoría jurídica de Gobernación Xavier Urios, cuando el fiscal Jaime Moreno ha buscado acorralarle en torno a la predisposición del conjunto del Govern de llevar adelante el referéndum, ha justificado que lo supo por la prensa pero que era “en términos muy políticos”. “La toma de decisiones era colectiva, colegiada y solidaria”, ha recalcado. Sin embargo, ha señalado que, en el ámbito administrativo, “hablar de solidaridad no tiene relevancia ninguna. Es más una voluntad política”.

En esta misma línea, la ex directora de servicios de la consejería Josefina Valls ha asegurado que su departamento no cedió ningún local para que se llevaran a cabo las votaciones. De hecho, ha subrayado: “La consejera nos reunió y nos dijo que teníamos que aplicar la providencia del Tribunal Constitucional” sobre la consulta y las instrucciones del ministerio en relación con el control de los gastos. “Todo se hizo de acuerdo con la legalidad, no tuve ninguna duda de que se hizo correctamente”.