La fase pericial del juicio del procés ha dado comienzo con una intervención eminentemente técnica del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ha tenido que reconducir en varias ocasiones para delimitar los hechos que están siendo objeto de enjuiciamiento. En la sesión matinal del 22 de mayo, tres funcionarias de Hacienda y una interventora del Estado han asestado el primer golpe de esta nueva fase a las defensas de los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo.

Las peritos han delineado de forma pormenorizada los gastos en que incurrieron varios de los departamentos de la Generalitat durante los meses previos a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y no han escatimado en detalles que, en ocasiones, han provocado que su parlamento rozara el tedio y sumergiera en la languidez a los presentes en la sala.

El Diplocat, de naturaleza pública

La primera estocada ha llegado cuando, pasada media hora de interminables explicaciones sobre el funcionamiento de los controles financieros del Estado, las peritos han aludido la naturaleza jurídica del Diplocat, órgano que han situado en el marco de la Administración pública y que, según la Fiscalía, financió la Generalitat para difundir el mensaje y los objetivos independentistas a nivel internacional.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, las funcionarias han precisado que este ente está financiado en más del 85% con fondos del Gobierno catalán y está sometido al control financiero de la administración. “Desde cualquier punto de vista con el que se mire, el Diplocat forma parte de la Administración pública”, ha sentenciado una de las comparecientes, echando por tierra los alegatos de quienes intentaron mostrarlo como organismo independiente de la Generalitat en favor de los intereses de los acusados.

Las tres funcionarias y la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General, Mercedes Vega, se han referido asimismo a las intenciones del Govern de “dar a conocer al entorno internacional el momento trascendental que estaba viviendo entonces la política catalana”, lo que se enmarcó en una campaña de anuncios insertados en la prensa europea en los que se daba a conocer la conferencia que iba a impartirse al respecto el 24 de enero de 2017 en el Parlamento europeo.

91.061 euros en anuncios

Una de las peritos ha sido tajante al recordar que en los anuncios se visualizaba una urna con una papeleta acompañada de la leyenda “referéndum catalán” en el idioma de cada país. El departamento encargado de la campaña era la Dirección General de Difusión de Presidencia y el importe abonado por el servicio ascendía a 91.061 euros con impuestos excluidos.

Las especialistas han aludido, asimismo, a otra de las campañas objeto de juicio, la relativa al registro de catalanes en el exterior, para la que se tramitaron tres expedientes --diseño del anuncio, inserción en prensa escrita e inserción en redes con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos “la existencia de un registro para facilitarles el ejercicio de sus derechos”--. Su coste se elevaba a 220.253 euros aunque, según han precisado, éste no llegó a pagarse. Respecto a la campaña conocida como Civisme, articulada igualmente desde Presidencia, no llegó a ejecutarse. “Se pedían 3,4 millones de euros”, ha recalcado una de ellas.

Refuerzo de la tesis de la Fiscalía

La comparecencia de las peritos, que continuará por la tarde --seguirán siendo interpeladas por la fiscal-- permite reforzar las tesis de la Fiscalía en relación con el delito de malversación que imputa a los procesados, a quienes acusa de asignar y disponer de recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la organización del referéndum.

Antes de su intervención, en una jornada más tranquila de lo habitual y el salón de plenos con una visible menor asistencia de público y de abogados, cinco testigos se han afanado en desvincular a la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell y al exconsejero de Justicia Carles Mundó de cualquier tipo de actividad y contratación relacionadas con el 1-O y en mostrar los centros de votación como espacios destinados a las fiestas de barrio, la Castanyada y la verbena de Sant Joan, fines lúdicos para los que, justifican, los cedieron durante la celebración de la consulta.