El pasado 1 de abril, todos los partidos catalanes suscribieron un pacto para "evitar y denunciar los discursos que inciten al racismo", pero no han tardado ni un mes en incumplirlo. Jóvenes extutelados por la Generalitat alertaban este jueves contra el uso de la inmigración como arma electoral, después de que vecinos y el Ayuntamiento de Rubí se hayan manifestado en contra de acoger un centro de menores extranjeros no acompañados --denominados menas--, en el municipio. Esta situación no es excepcional, según explican desde Amnistía Internacional y SOS Racisme a Crónica Global, "los discursos que vinculan inmigración y delincuencia" son habituales durante los procesos electorales, y "más en las municipales". 

El de Rubí no ha sido el único caso de incumplimiento del acuerdo entre formaciones políticas. El candidato del PP en Barcelona, Josep Bou, prometió "intentar repatriarlos"; el cabeza de lista de los republicanos, Ernest Maragall, se ha dejado ver jugando al fútbol con un grupo de ellos;  y la alcaldesa Ada Colau, "a pesar de tener un discurso favorable a las personas migrantes, a pocos días de las elecciones, ha aumentado las redadas en el distrito de Ciutat Vella, donde hay un gran número" de estos niños, según denuncia la asociación exmenas. 

Inmigración e inseguridad

“Que el racismo y la xenofobia formen parte del ataque entre formaciones políticas ya sucedió en la campaña de las municipales en 2015. Hay discursos que relacionan, de manera genérica, lo que es la inmigración con cuestiones de criminalidad e inseguridad”, denuncia el portavoz de Amnistía Internacional en el territorio, Dani Vilaró. Unas manifestaciones que desde la organización tildan de "irresponsables, porque estigmatizan y culpan a colectivos de todos los males de la sociedad, de lo que no funciona en una ciudad", y advierten: "Están jugando con fuego”. Motivo por el que piden que se eviten este tipo de actuaciones. "Lo que deben hacer partidos e instituciones es condenar cualquier ataque racista, si se produce, y dejar claro que no se tolerará ninguna política que persiga la discriminación de las personas”, señala. 

"Se comprometieron a evitar el uso irresponsable de la inmigración y, una vez más, se acaba haciendo. El que no, tampoco se atreve a hacer el discurso alternativo que es necesario", manifiesta en la misma línea la directora de SOS Racisme, Alba Cuevas, quien critica que "las personas racializadas, migrantes o el hecho migratorio, acaban siendo objeto de la campaña y los políticos lo utilizan para ganar votos. Ha pasado de manera continuada. Ya sucedió en las municipales de hace cuatro años”, lamenta. 

Arma electoral

¿La inmigración es un arma habitual en periodo electoral? “Sí, lo hemos comprobado durante todos los años que hemos realizado el seguimiento de las campañas”, explican desde SOS Racisme. “En las municipales es cuando más sucede, imagino que es por una cuestión de proximidad; cuando se establece un contacto más directo con el territorio en el que se abordan los temas de seguridad, protección". Un "mal uso", y no solo eso. La directora de la entidad alerta de la falta de responsabilidad de los políticos porque "juegan con algo tan débil como es la convivencia y la cohesión social. Están dispuestos a ponerlas en riesgo para obtener votos”, critica. 

Vilaró recuerda que “también sucedió en 2015", y sostiene que no se trata de que haya o no aumentado de un tiempo a esta parte, sino que este tipo de declaraciones "que vinculan inmigración con criminalidad, suelen producirse cuando se celebran elecciones. Sobretodo en las de ámbito local". 

Libertad de expresión

Estos discursos "irresponsables", ¿pueden tener alguna consecuencia a nivel legal? “El problema es que hay que distinguir entre la utilización de armas políticas y si ese uso es conforme a lo que establece la Ley Electoral o la Constitución”, explica a este medio Miguel Ángel Aparicio, catedrático --ya retirado-- de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y añade que "depende del contenido específico de la manifestación y de si esta vulnera los derechos de los inmigrantes o de los menores”, por lo que es necesario “estudiar cada caso concreto”.

Aparicio, que explica que "sociológicamente, es habitual que se utilice la inmigración durante la campaña electoral", señala que “el problema fundamental" es que este tipo de discursos se "usan de manera indiscriminada y sin criterio ético" y no existe forma de "atajarlos”. Eso sí, reivindica que las manifestaciones se enmarcan dentro de la libertad de expresión y, aunque ésta se utilice "de forma torticera", no se puede evitar. ¿Se puede denunciar? Depende del caso, “en la mayoría no es perseguible, ni se puede detener, son las cargas que conlleva la democracia", concluye.

Racismo social

Sobre el caso de Rubí, cuya alcaldesa se ha posicionado en contra de la apertura de un centro para menores extranjeros, desde SOS Racisme ven "una irresponsabilidad muy grave" que haya aprovechado la campaña, un momento de mayor altavoz público, para "apoyarse en el racismo social. Utilizar una protesta vecinal y darle cobertura, cuando lo que debería hacer es evitar la fractura y trabajar por la convivencia", señala Cuevas.

“Las instituciones tienen el deber de proteger y acoger a los menores, sin importar su origen, como marca la Convención Internacional de Derechos de la Infancia y no utilizarlos para ganar votos", lamenta la presidenta de la entidad. "Utilizarlos como materia electoral es de las cosas más graves que he visto en los últimos tiempos en cuestión de racismo”, subraya. 

Dignidad

Más allá del pacto que han incumplido los partidos catalanes, las entidades reclaman que se cumpla la ley y se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. "El acuerdo, en el fondo, es una promesa más a la que se vincularon y no están respetando, pero hay toda una legislación internacional, nacional, y municipal que recoge que no se puede hacer un discurso discriminatorio, que fomente el odio, ni poner en riesgo la convivencia y la cohesión social", argumenta Cuevas. 

Desde Amnistía Internacional recuerdan que “el problema que tenemos, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado, es que no hay datos oficiales que permitan conocer la magnitud o el alcance del racismo. Y sin datos no se pueden aplicar políticas de prevención, ni para combatirlo", alerta Vilaró.