El ministerio fiscal añade un delito más a los que, en su opinión, se pueden deducir de la actuación de la cúpula directiva de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) respecto al referéndum ilegal del 1-O. Si hasta ahora la Fiscalía les acusaba de malversación, prevaricación, revelación de secretos y desobediencia, hoy ha hecho pública su intención de agregar el delito de organización criminal. 

Según ha desvelado la CCMA a través de sus medios de comunicación, el ministerio público ha dado a conocer esta decisión al juzgado 13 de Barcelona esta mañana, institución judicial que instruye el caso en el que están procesadas una treintena de personas. Algunas de las que serán acusadas por organización criminal serán los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo; la presidenta de la CCMA, Núria Llorach; y el director comercial de la Corporación, Martí Patxot, entre otros. 

Estructura piramidal de la CCMA

La acusación se refiere a la definición de organización criminal por parte del Código Penal para destacar el papel de la CCMA en la preparación del referéndum ilegal --y la posterior declaración unilateral de independencia--.El texto legal explica que se considera organización criminal a un grupo de personas con una jerarquía y unas funciones determinadas.

Fiscalía entiende que los hechos plasmados en el auto procesal respaldan que el grupo de medios públicos catalanes actuó bajo una clara estructura piramidal en pos de los hechos del 1-O, por lo que se le puede imputar tal delito. Especifica, de hecho, que la conducta de los procesados "ha sido conjunta y coordinada, de forma tal que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlament, se ha continuado con la hoja de ruta que tenían marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades".

Participación de políticos imputados en el TS

La implicación en este caso de los políticos que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo también es tenido en cuenta por el fiscal para respaldar su nueva acusación. Asegura que la participación del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras y de los consejeros acusados en este procedimiento respaldan la existencia de un "organigrama y planificación previa". 

La Fiscalía es la segunda acusación que esgrime el delito criminal ante las actuaciones del procés. Vox también piensa que los organizadores del referéndum incurrieron en esta práctica, aunque en una causa diferente: la que se desarrolla en la actualidad en la Sala del Tribunal Supremo. 

Dos acusados se 'libran'

Un total de 28 personas han sido señaladas con este nuevo delito por la Fiscalía. De las 30 imputadas hasta ahora, pide exculpar a Montserrat Vidal, exresponsable del área de Procesos Electorales y Consultas Populares de la Generalitat; a José Maria Gispert, gerente de la empresa donde se imprimieron documentos vinculados al 1-O; y a Meritxell Massó, exsecretaria general de Gobernación, a quienes la juez procesó por desobediencia.

Solicita, además, que se procese por este delito --y también por desobediencia-- a la exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (Apdcat) Àngels Barberà, que estuvo imputada en un inicio pero a quien la juez instructora decidió finalmente archivarle el caso.