La estrategia urdida por las defensas en el juicio del 1-O con el objetivo de poner en el punto de mira la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante la jornada clave del procés ha llegado este miércoles a su fin o, al menos, en presencia de los agentes a quienes durante las últimas semanas los abogados de los acusados han buscado cercar en vistas a decantar a su favor el desarrollo de la vista oral. Hoy han sido interrogados los últimos efectivos policiales que intervinieron en los numerosos centros habilitados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Más de sesenta antidisturbios han pasado esta semana por el salón de plenos del Tribunal Supremo. Agentes especializados en los servicios de orden público y en el control de masas que han descrito los altercados en los que se vieron presuntamente envueltos y de los que varios de ellos resultaron heridos, tal y como han testificado a lo largo de estos días, apuntalando con ello el presunto delito de rebelión que la Fiscalía atribuye a nueve de los doce procesados que se sientan en el banquillo.
Inversión de papeles
Las defensas, sin embargo, han puesto todo su empeño en cuestionar la labor de Policía Nacional y Guardia Civil en una suerte de inversión de papeles: en lugar de los exconsejeros y los líderes sociales procesados por la tentativa secesionista pareciera que son los agentes quienes son los realmente juzgados a tenor de la dureza de los interrogatorios con los que varios de los letrados interpelan a los mandos. Testigos acusados.
“El juicio entró hace tiempo en una espiral dirigida a criminalizar a las fuerzas de seguridad, quién sabe si para convencer al tribunal de la tesis pacifista de los inculpados o si se trata de una estrategia de imagen y propaganda de las defensas de cara a sus propios clientes”, señalan fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global.
Táctica constante desde el inicio
Es prácticamente una constante desde que el pasado 12 de febrero arrancase la vista oral. Trocar los roles. Al inicio del juicio, varios de los procesados --especialmente el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn-- centraron su declaración en poner en tela de juicio la independencia judicial, lo que suscitó no pocas reacciones dentro y fuera del antiguo Palacio de las Salesas, actual sede del Supremo. Después, fue el Estado el que pasó a ser cuestionado, personificado en los ex altos cargos del Ejecutivo central --el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro-- que desfilaron ante el tribunal y a quienes tanto los abogados como la acusación popular que desempeña Vox intentaron infructuosamente acorralar.
Estas semanas les ha tocado el turno a los agentes. La fiscal Consuelo Madrigal no tardó ayer en reaccionar ante esta táctica: “Hay momentos en que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial”. La intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, para frenar excesos y valoraciones es incesante jornada tras jornada.
Altos cargos del Govern, citados la próxima semana
A partir de la próxima semana se espera que la vista encare otro rumbo con la comparecencia de los testigos propuestos por las defensas, a través de los cuales tratarán de rebatir las acusaciones que pesan sobre sus patrocinados. Entre ellos se encuentran citados altos cargos de la Generalitat, exconsejeros y exresponsables de varios departamentos del Govern, diputados y senadores y varios mandos de los Mossos. En próximas semanas comparecerán, además, decenas de ciudadanos que, previsiblemente, refutarán lo manifestado por los cuerpos policiales y pondrán de manifiesto que no se produjo ningún alzamiento tumultuario por parte de la población, alentada por los acusados, contra la actuación de las fuerzas de seguridad.
“Será una fase radicalmente distinta a lo escuchado hasta el momento, con testigos que pondrán en tela de juicio las manifestaciones de los agentes e intentarán relativizar los episodios de supuesta violencia”, señalan las mismas fuentes.
En concreto, la vista se reanudará el martes, a partir de las diez de la mañana, con la declaración, entre otros, del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès; el ex director general de Patrimonio Francesc Sutrias; la intendente de los Mossos, Teresa Laplana; los exconsejeros de Interior Jordi Jané, de Empresa Jordi Baiget y de Educación Meritxell Ruiz, el ex director general de la Policía autonómica Albert Batlle y el ex secretario autonómico Joan Vidal.