De apoyar el procés a vulnerar derechos fundamentales. El sesgo ideológico de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha sido denunciado por varios colectivos de profesores y alumnos, y condenado por los tribunales en una sentencia judicial sin precedentes en España. Los dos comunicados emitidos esta semana por este centro de enseñanza con 48 horas de diferencia tras el violento boicot independentista contra la plataforma S’ha acabat y el acto en el que ayer participaban Alejandro Fernández y Cayetana Álvarez de Toledo (PP) y Maite Pagaza (UPyD) rechazan los incidentes, pero evitan condenarlos.

Colectivos de docentes rechazan esa politización, que relacionan la pasividad del equipo de gobierno de la UAB y con el apoyo expresado por el presidente Quim Torra a los radicales. Recuerdan su famosa frase “empujad, empujad”, dirigida a los Comités de Defensa de la República (CDR).

La UAB expresó su complicidad con el proyecto secesionista en el convulso otoño de 2017, mientras vetaba la inscripción de las juventudes de Sociedad Civil Catalana (SCC) en el directorio de colectivos del centro, donde sí tuvo cabida el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, muy influyente en este campus. Por esta exclusión, el Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona condenó a la UAB por vulnerar cuatro derechos fundamentales: el de no discriminación por razón de opinión, el de libertad ideológica, el de libertad de expresión y el derecho a la educación.

Sentencia recurrida ante el TSJC

La sentencia, dictada el verano pasado y que ha sido recurrida por la universidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reproduce la postura de la Fiscalía, según la cual “resulta imposible no vincular la expulsión del directorio con el posicionamiento de Joves SCC-UAB contra las tesis independentistas y la actitud contemporizadora del consejo de gobierno de la Universidad con ellas”.

De esa actitud contemporizadora da fe la ausencia de expedientes sancionadores a estos radicales, que ayer trataron de bloquear la entrada al acto Ante los nacionalismos y los populismos, ¡Europa!, que organizaba la agrupación de estudiantes S'ha Acabat. “Llamamos diez veces a los Mossos, pero no acudieron. Hace dos meses sí lo hicieron para identificar a un alumno por tapar una estelada en la misma universidad”, explicaban ayer fuentes de este colectivo no independentista.

El "rechazo" del equipo de gobierno de la UAB

Ayer, los órganos de gobierno de la UAB sustanciaron los hechos en un comunicado en el que “reitera una vez más su convencimiento de que el campus universitario debe ser un ejemplo en el ejercicio de la libertad de expresión y donde todas las ideas y reivindicaciones deben tener cabida, siempre que se hagan con respeto a todos los miembros de la comunidad y los bienes públicos”.

Asimismo “rechaza la situación de tensión que se ha originado y el intento de impedir la realización del acto” y “lamenta la instrumentalización ideológica que se hace del campus universitario, que invisibiliza la actividad académica e investigadora que lleva diariamente a cabo la Universidad”. Un tono idéntico al utilizado el martes, tras los ataques a la carpa de S’ha Acabat, plataforma formada por unos 200 jóvenes de entre 18 y 30 años, en su mayoría estudiantes, que defienden la Constitución y que han presentado numerosas quejas a los rectores de diversas universidades catalanas por romper la neutralidad y apoyar el procés.  

Pacto por el Referéndum, 'paro de país' y presos

El año 2017 fue especialmente intenso en lo que respecta a la participación de la UAB en el procés.  En septiembre, suscribió el Pacto por el Referéndum, pero las actas de la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el 12 de julio de ese año, demuestran el intenso debate que hubo al respecto. La rectora, Margarita Arboix, admitió que esa adhesión era un tema que creaba tensión, que sólo lo había pedido un profesor y que había opiniones en contra. En esa reunión un profesor también pidió la expulsión de SCC. Arboix y el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, vetaron que el Consejo Interuniversitario de Cataluña se sumara al Pacto por el Referéndum.

La UAB se sumó al “paro de país” convocado el 3 de octubre de 2017 tras la celebración del referéndum. El 3 de noviembre de ese año, este centro criticó las decisiones judiciales sobre el procés.

Las denuncias sobre la politización de las universidades en general y de la UAB en particular se han repetido en diversas ocasiones. Tal como publicó Crónica Global, Universitaris per la Convivència, un colectivo de 130 profesores procedentes de todas las universidades catalanas que defiende la libertad ideológica, publicó un manifiesto en el que defiende “el principio de neutralidad de las Administraciones públicas y el derecho fundamental a la libertad ideológica de profesores, alumnos y personal de administración y servicios, absteniéndose de promover o realizar comunicados de carácter partidista y de permitir que se impongan en las instalaciones universitarias símbolos ideológicos con carácter excluyente”.

Estudio sobre la connivencia nacionalista de las universidades

La profesora de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona Chantal Moll, una de las impulsoras, junto a Jorge Calero y Maribel Fernández, elaboró un informe en el que analiza la connivencia de los rectorados catalanes con el proceso secesionista, así como las vulneraciones legales que ello implica y los orígenes de lo que define como “sumisión al poder político nacionalista”.

Jorge Calero recordaba ayer el “apreteu, apreteu”, de Torra, en referencia a la arenga que, hace unos meses, hizo el presidente de la Generalitat a los CDR. “Se lo han tomado muy al pie de la letra en la UAB. Esto va a más. Es muy peligroso. Lo siguiente puede ser todavía peor”, advertía.

José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y que ayer estuvo presente en el boicot al acto de los constitucionalistas, también invocó a Torra y la gran pancarta con el lema Libertad de opinión y expresión colocada en la fachada del Palau de la Generalitat, como ejemplo del doble rasero secesionista. “Mientras no haya expedientes y sanciones en la UAB se seguirán produciendo este tipo de agresiones. Maite Pagaza y yo hemos tenido que salir por el párking de la Autónoma, pero los radicales nos han lanzado botellas de agua”, explica. Atribuye esos ataques a la “hispanofobia que ha calado” y expresa su preocupación por el “día a día que tienen que vivir estos chavales que se oponen al independentismo, pues tienen que convivir con los radicales en las clases, en el bar y en el campus”.

El día a día de un estudiante constitucionalista

Paula, miembro de S’ha Acabat, da detalles de esa cotidianiedad a Crónica Global. “Desde que estoy aquí me han dejado de hablar amigos y sufrimos una campaña de acoso en las redes sociales. La UAB es terreno independentista. Cuando instalamos nuestras carpas informativas nos ponen pegatinas neonazis y pintadas que simulan tiros en la cabeza. Hemos llegado a este nivel porque la gente tiene miedo y se calla”. ¿Vale la pena? “Si no hay gente que dé la cara, creerán que han ganado”, afirma esta joven, testigo de esos dos ataques. Tras el segundo, explicaba, “me tuve que ir a hacer un examen”.

Por su parte, el fundador de Foro de Profesores, Alfonso Valero, lamentaba que “la violencia y universidad, que parecen dos conceptos incompatibles, ya son una realidad gracias al totalitarismo nacionalista. Lo de la UAB es terrorífico. Estos totalitarios están decididos a tomar el espacio de todos y encima acusar a las víctimas de ser los agresores”.

Jody Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997 / EFE

Jody Williams, observadora internacional del procés que hoy interviene en la UAB / EFE

A estos colectivos docentes no les ha pasado desapercibida la conferencia que Jody Williams, premio Nobel de la Paz de 1997, pronunciará hoy en la UAB. Lo hará tras intervenir en la Comisión de Estudio sobre los Derechos Civiles y Políticos, creada en el Parlament para denunciar la “regresión democrática sin precedentes”, la respuesta “autoritaria del Estado” y la “degradación progresiva” de la separación de poderes. Williams, que fue rechazada como testigo en la vista oral del 1-O, asistió el pasado martes a la sesión del Supremo y, a su término, cuestionó que los dirigentes independentistas sean juzgados. Aseguró que España vive una situación de conflicto político y avisó de que encarcelar a los procesados implica asumir que son culpables. Wiliams firmó el manifiesto Let Catalans Vote a favor del 1-O.