El juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha revelado la lista de los encausados en relación con los preparativos con el referéndum ilegal del 1-O. La institución judicial imputa a 30 personas entre altos cargos de la Generalitat y directivos de los medios de comunicación de la Corporació Catalana de Mitjans (CCMA). Los investigados se enfrentan a delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.
Entre los llamados a presentarse ante el tribunal se encuentran Vicent Sanchis, director de TV3, y Saül Gordillo, su homónimo en Catalunya Ràdio. Ambos están acusados de haber perpetrado un delito de desobediencia desde sus cargos. Aquí puede consultarse la comunicación judicial con el listado completo de procesados.
Fianza de seis millones
La magistrada titular del juzgado competente, Alejandra Gil, ha estipulado una fianza solidaria por responsabilidad civil de cerca de seis millones de euros para los procesados que se sentarán en el banquillo por malversación de fondos públicos. La cantidad estipulada por la jueza supone una estimación del gasto que se produjo para la celebración de la votación de octubre de 2017. En el caso de que los procesados no paguen esta cantidad, se iniciará "el proceso de averiguación y embargo de bienes suficientes para obtener la garantía necesaria de disponer de la citada cantidad para hacer frente a posibles futuras responsabilidades", tal como ha comunicado el Trubinal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado.
De la treintena de imputados, 17 de ellos son procesados por el delito de malversación. Ellos serían Antoni Molons García, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del departamento de Presidencia de la Generalitat; Joaquim Nin Borreda, secretario general del departamento de Presidencia; Jaume Clotet Planas, director general de Comunicación de la Generalitat; Josep Ginesta Vicente, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; David Palanques Bonavia y David Franco Sánchez, responsables del área TIC del mismo departamento; Francesc Sutrías Grau, director general de Patrimonio; Aleix Villatoro Oliver, secretario general del departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exterior y Transparencia; Amadeu Altafaj Tardio, director de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea; Albert Royo Marine, secretario general del Patronato Cataluña Mon-consell de Diplomacia Pública de Cataluña; Natalia Garriga Ibáñez, directora de Servicios integrada en la Secretaría General (dependiente de Economía); Pablo Raventós, director general de Unipost; Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de Servicio de T-Systems; Francesc Fàbregas Bonet, administrador de El Vallenc; Josué Sallent, director de Estrategia e Innovación en el CTTI; Xavier Puig Farré, responsable del área TIC del departamento de Acción Exterior y Rosa Vidal Planella, interventora general de la Generalitat.
Una quincena de investigados, libres de sospecha
El juzgado barcelonés ha dejado fuera del caso a 15 personas que, en un principio, estaban siendo investigadas. La más destacada dentro de este grupo se refiere a Santi Vidal, quien fuera el propulsor y redactor de la que estaba llamada a ser la "Constitución catalana" y principal figura por la que se abrió el caso en esta instancia. También ha quedado libre de imputaciones Carles Viver Pi-Sunyer a quien muchos consideran el gurú e ideólogo del procés. Tampoco puede pronunciarse la Justicia sobre Lluís Salvadó, ya que cuenta con aforamiento por ser secretario de Hacienda del actual Govern.
Los demás integrantes de la lista contra los que "no es posible sostener una acusación con la información que consta en la causa", tal como detalla el TSJC, son Antonio Jesús Vargas Castillo y José María Sevilla Reig, trabajadores del CTTI; Joan Martín Angulo Arrese, director del CTTI; Jordi Cabrafiga Macias, exjefe de Gabinete de Mertixell Borràs en el departamento de Administraciones Públicas; Àngels Barbarà Fondevilla, directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades; José Oriol González Martínez, CEO de la empresa Buzoneo ; Lluis Domingo Anaya Torres, director de innovación y datos del CTTI; Pau Furriol Fornells, propietario de una nave en la que se encontraron 10 millones de papeletas; Ricardo Martí Ramón, gerente de una empresa de publicidad; Sergi Aymerich Roman, gerente de Global Solutions; Sergio Bellido Andújar, consejero delegado de Novoprint; Valentín Arroyo Peña, Director de los Servicios Corporativos del CTTI; y Felipe Andanuche Serra, exjefe de operaciones de Unipost.
Desobediencia
Martí Patxot, a la sazón director corporativo, comercial y de márketing de la CCMA, acompaña a Gordillo y a Sanchis entre los imputados de la radiotelevisión pública catalana por desobedecer la ley.
Otros sobre los que también recaen esta acusación son los ya nombrados --por otros delitos-- Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Pablo Raventós, Francesc Fàbregas y Rosa Vidal; la secretaria general de Gobernación, Meritxell Massó; la vicepresidenta y administradora única de la CCMC, Nuria Llorach; el director del Idescat, Frederic Udina; la empleada del área de Procesos Electorales y consultas Populares, Montserrat Vidal; la encargada de supervisar las obras en una nave que debía servir de centro de recogida de datos, Mercedes Martínez; el jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña, Joan Manel Gómez; Josep Masolivé, trabajador de Fundacio.cat; y el empresario José María Gispert Giménez, de Indugraf Offset.