Está llamado a ser el "segundo polo judicial de Cataluña", después de la Ciutat de la Justícia, según el Govern. Pero once años después de que el Gobierno tripartito presentara el proyecto, se desconoce la fecha de inauguración del nuevo edificio que debe albergar las secciones de la Audiencia de Barcelona en el paseo Lluís Companys, dejando así el vecino Palacio de Justicia como edificio emblemático de la última instancia judicial catalana. El derribo de los antiguos juzgados ha concluido, pero según admiten fuentes de la Consejería de Justicia, nunca se ha dado fecha de apertura. Ni siquiera se sabe cuándo comenzará la construcción de esa nueva sede, valorada en 50 millones de euros. Fuentes sindicales aseguran que las grandes licitaciones están paradas, algo que el departamento niega.
El proyecto, que se remonta al mandato del gobierno tripartito --la entonces consejera de Justicia, Montserrat Tura, presentó los detalles en 2008--, contemplaba el traslado de las 22 secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona a este solar que en su día ocuparon los juzgados de Instrucción y de lo Penal --ocupaban una superficie de 5.400 metros cuadrados-- y que fueron trasladados a la Ciutat de la Justícia situada actualmente en terrenos limítrofes entre Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.
Cartel que informa del derribo de los antiguos juzgados del paseo Lluís Companys de Barcelona / CG
Los trabajos de demolición del edificio judicial --situado cerca del parc de la Ciutadella y delimitado por la plaza de Vicenç Albert Ballester --considerado el diseñador y promotor de la bandera estelada-- y los paseos Picasso y Pujades están prácticamente concluidos, pero seis años después de su prevista fecha de inauguración, se desconoce cuándo se producirá ese traslado. Fuentes sindicales expresan su pesimismo sobre esta mudanza, que ayudará a esponjar el Palacio de Justicia, situado también en el paseo Lluís Companys y que pasaría a albergar solos las dependencias emblemáticas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La idea es que este histórico edificio “represente en el futuro la última instancia de la Justicia en Cataluña”, explican fuentes sindicales. En 2008 se creó una especie de Consejo General del Poder Judicial a la catalana, más decorativo que efectivo, pues no tenía funciones reales, pero nacía con vocación de descentralizar el poder judicial.
Sin grandes licitaciones
“No hay calendario previsto --añaden--, porque inicialmente se tienen que licitar las obras de construcción del nuevo edificio, de gran envergadura. Pero todos los proyectos que salen de la Dirección General de Modernización para 2019 están parados y, en relación a esa nueva ubicación de las secciones de la Audiencia, es pronto para determinar una fecha”. El exconsejero Carles Mundó cifró el coste de la construcción del nuevo edificio judicial en 50 millones de euros.
Empleados de la Consejería de Justicia reciben con un gran lazo amarillo a Ester Capella tras tomar posesión del cargo / JUSTICIA
El proyecto de Tura contemplaba una duración de las obras de cinco años, pero la crisis económica enterró el proyecto, que sigue sin activarse. De hecho, el derribo comenzó en junio de 2017, aunque las instalaciones llevaban cerradas desde 2009. Fuentes de la Consejería de Justicia aseguran a Crónica Global que “siempre se habló de la construcción de la nueva audiencia pero nunca se ha puesto fecha”.
Los hallazgos arqueológicos
Atribuyen el retraso a los restos arqueológicos hallados durante los trabajos de demolición. Se refiere a un mosaico del suelo del antiguo Palacio de Bellas Artes de Barcelona, construido con motivo de la Exposición Universal de 1888, y que fue derruido para edificar las nuevas dependencias judiciales, y una necrópolis de entre los siglos VII y IX.
Estas mismas fuentes niegan, asimismo, que este año no se estén licitando obras. “Las próximas licitaciones dentro de este año serán el Centro Abierto de Tarragona (9,7M€) y las cubiertas y saneamiento del centro penitenciario de Quatre Camins (9,7M€)".
40 millones en inversiones hasta 2025
“Destinaremos unos 40 millones de euros a construir y mejorar edificios judiciales hasta el 2025”, añaden desde el departamento. Por ejemplo, está previsto que este verano los juzgados de Mollet se trasladen a Can Fàbregas, ya que las oficinas actuales no reúnen las condiciones necesarias para dar un buen servicios a los ciudadanos. La operación está valorada en 696.000 euros
También están a punto de concluir las obras del nuevo Palacio de Justicia de Tortosa (Tarragona), con una inversión de 5,3 millones. En Martorell (Barcelona), la Consejería invertirá 8 millones en la construcción de un nuevo Palacio de Justicia cuyas obras comenzarán en 2022 con la idea de que se inaugure dos años después.