La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) analiza si la selección del nuevo director del Museu Marítim, dependiente de la Diputación de Barcelona, se ajusta a la ley. Según ha podido saber Crónica Global, este organismo encargado de prevenir e investigar el fraude en las administraciones catalanas ha pedido al ente supramunicipal el expediente de este proceso de libre designación cuya finalidad es sustituir a Roger Marcet, quien se jubiló en junio de 2018.
Por su parte, fuentes de la OAC han confirmado que se ha recibido una denuncia anónima a la que se le ha dado curso. La sospecha de un nombramiento a dedo por parte de PDeCAT se une al oscurantismo que trabajadores de los museos dependientes de la Diputación han denunciado a este medio y al malestar expresado por la Associació de Museòlegs de Catalunya en un comunicado en relación a "prácticas marcadas por la opacidad y la discrecionalidad" en los procedimientos que "algunas administraciones públicas y entes públicos de gestión de equipamientos museísticos y patrimoniales han adoptado para la provisión de cargos directivos".
La jubilación de Marcet y los rumores sobre Valls Passola
Tras el retiro de Marcet, que ha estado 20 años al frente del Museu Marítim, la Diputación abrió un concurso para elegir a su sustituto con la idea de que el nombramiento fuera efectivo en octubre de 2018. Pero las bases de ese proceso resultan, cuando menos, extrañas para el sector cultural, donde se da por hecho que la idea de los neoconvergentes es nombrar a Anna Valls Passola, actual directora del Museu de les Arts Escèniques. Este centro pertenece al Institut del Teatre, que también gestiona la Diputación y que atraviesa por una cierta parálisis a la espera de encontrar una nueva sede.
Hall del Centre de Documentació y Museu de les Arts Escèniques del Institut del Teatre, perteneciente a la red de museos de la Diputación
Más allá de esos rumores que apuntan a Valls Passola, lo cierto es que no se conoce la identidad de los candidatos. Según indican las bases de ese concurso, "con la finalidad de garantizar la confidencialidad de los datos de los aspirantes, en el marco del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, resultante de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el número correspondiente al registro de entrada de la solicitud para participar en la convocatoria, constituirá la referencia para cada aspirante a los efectos de conocer las valoraciones obtenidas".
La ocultación de los candidatos
Por tanto "exclusivamente se hará público el nombre de la persona designada para ocupar el cargo de director/a general". Corresponde a la Presidencia del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim "el nombramiento del aspirante que considere más adecuado para el ejercicio del cargo", indican las bases del proceso de libre designación. El Consorci, creado en 1993, es un ente público adscrito a la Diputación de Barcelona, formado por el Ayuntamiento de Barcelona, que es el propietario del edificio, por la Diputación de Barcelona –presidida por Marc Castells (PDeCAT)—, que es la titular del museo, y por la Autoridad Portuaria de Barcelona.
El director del museo ostenta la máxima responsabilidad directa sobre la gestión del edificio de las Drassanes Reials, la conservación y gestión del patrimonio marítimo, así como la gestión y proyección de la galería. Asimismo, el designado "podrá ser cesado discrecionalmente por la Presidencia del Consorcio".
Proceso paralizado ¿hasta las municipales?
Fuentes de la Diputación aseguraron en febrero que el nombramiento del nuevo director era inminente. Sin embargo, todavía no se ha producido esa designación. La investigación de la OAC ha paralizado el proceso y se ha dejado el museo en manos de Elvira Mata Enrich, que ejerce de directora en funciones. "Es muy probable que se deje el caso para el siguiente mandato. Nadie quiere asumir ahora ese marrón", explican fuentes conocedoras del caso, en referencia a las elecciones municipales del 26 de mayo, que darán lugar a la renovación de alcaldías y, por tanto, de los cargos de la Diputación de Barcelona.
Una funcionaria que lleva más de diez años en el Institut del Teatre y que no quiere dar su identidad por miedo a represalias se ha puesto en contacto con Crónica Global para denunciar las "malas prácticas" que "desde hace unos cinco años se llevan a cabo" en estos centros dependientes de la Diputación. Afirma que el rumoreado fichaje a dedo de Valls Passola para dirigir el museo "es tan solo la punta del iceberg de un sistema de colocación encubierta por parte de la institución, de la Diputación y sus gestores". Asegura que en el Institut del Teatre también se han convocado "concursos forzados" para colocar cargos directivos con menos méritos de otros que han sido excluidos.
La denuncia del sector museístico
De esas prácticas irregulares da cuenta el comunicado que, con motivo de la polémica suscitada por el proceso de designación del nuevo director del Museu Marítim, publicó la Associació de Museòlegs de Catalunya. En el mismo denuncia el "rechazo" que "reiteradamente" ha expresado esta entidad "respecto a los procedimientos que algunas administraciones públicas y entes públicos de gestión de equipamientos museísticos y patrimoniales han adoptado para la provisión de cargos directivos".
"Amparados en un marco jurídico y estatutario que legaliza estas actuaciones, si bien no las legitima en nuestra opinión, estos procesos no garantizan ni la transparencia ni la aplicación de criterios de profesionalidad, mérito y capacidad que deberían estar presentes en cualquier proceso que esté destinado a situar al frente de una institución pública y de un equipo de profesionales, a la persona que debe asumir una responsabilidad máxima de gestionar y coordinar una institución cultural al servicio de la ciudadanía".
"Prácticas marcadas por la opacidad y la discrecionalidad"
"Desgraciadamente --añadían--, en Cataluña, algunas administraciones públicas persisten en prácticas marcadas por la opacidad y la discrecionalidad, que están absolutamente carentes de legitimación, aunque amparadas en la cobertura legal de unas normas y estatutos generadas por ellas mismas y concebidas para continuar llevando a cabo prácticas que la sociedad del siglo XXI rechaza absolutamente". Por ello, exigen "la convocatoria de un procedimiento público mediante unas bases en las que se establezcan claramente todos los pasos del proceso y donde se garantice la aplicación de criterios de evaluación claros y previamente definidos, conceptual y metodológicamente, para suprimir la discrecionalidad en la valoración de candidatos y candidatas".
Finalmente, exigen "la presentación de un proyecto que aporte una visión y unas líneas de actuación para un período de tiempo suficientemente largo para poder evaluar los resultados y que constituya un pilar fundamental sobre el que se base la decisión del jurado".