Capón de los ingenieros nacionales de caminos, canales y puertos al decano catalán por su apoyo oficial al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El colegio nacional tiene ya pruebas de que Oriol Altisench, presidente autonómico y cerebro de los proyectos de movilidad del equipo de gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona, cometió "faltas graves y leves" por avalar la consulta ilícita.
En el informe de conclusiones del expediente abierto a la junta catalana por parte del comité de Deontología del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al que ha podido acceder este medio, se concluye que Altisench y su equipo vulneraron los estatutos del organismo colegial en al menos dos ocasiones. Lo hicieron, y de forma grave, jugándose la inhabilitación profesional, al aprobar en septiembre de 2017 los vocales de la junta rectora su adhesión al Manifiesto de Colegios y Asociaciones Profesionales ante el referéndum del 1 de octubre. Volvieron a vulnerar la normativa que rige el ente de colegiación obligatoria al no retirar hasta el 16 de octubre los comunicados de apoyo a la cita electoral declarada ilícita por el Tribunal Constitucional.
No se le puede sancionar
El instructor del expediente, pese a dejar claras las vulneraciones estatutarias, concluye que no puede imponer una sanción al actual gobierno del colegio profesional catalán. Ello es así porque "si bien la ejecución ha quedado acreditada, y se ha calificado y propuesto la sanción a aplicar, no sucede así con la determinación de la autoría del mismo, siendo que de las pruebas practicadas no se ha podido determinar quiénes participaron en su realización". En otras palabras, Altisench y el resto de ingenieros no pueden ser multados --el castigo que propone Deontología-- porque no se puede determinar con veracidad qué vocales votaron a favor de la adhesión al 1-O y qué miembros de la junta no lo hicieron.
Con lo que respecta a la tardanza en descolgar los comunicados de apoyo al referéndum ilegal del 1-O y la adhesión al llamado paro de país del 3 de octubre de 2017, el instructor señala que sería una falta de carácter leve que merita un apercibimiento por escrito por parte de la junta de gobierno del colegio nacional. Ocurre lo mismo, no obstante, que con la falta anterior: se desconoce quién cometió la "negligencia y dejadez denunciadas" con el portal oficial Camins.cat. Por lo tanto, la infracción quedará sin culpable.
Colegios en la diana 'indepe'
El doble revés --mesurado, pues queda sin sanción efectiva-- de los ingenieros nacionales a la demarcación catalana podría no haber acabado aún. Profesionales colegiados han recurrido el archivo de los expedientes. "No es tolerable que queden sin castigar vulneraciones estatutarias porque no se puede identificar a los que las cometieron", han valorado a preguntas de este medio. El malestar en algunos círculos del colegio catalán llega después de que el ente profesional tratara de desconectar su caja de la del resto de España, como avanzó este medio, o entre muestras públicas continuas del posicionamiento politico del decano de un organismo que es de colegiación obligatoria. ¿Las últimas? A colación del juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, el toque de atención a Altisench y su equipo es un hito más en la lucha de algunos colectivos profesionales para lograr la neutralidad política de los colegios. Ocurrió con los arquitectos catalanes, que recientemente recibieron un espaldarazo de la justicia, o con los médicos, que han llegado incluso a crear un sindicato que trata de poner sobre el tapete las cuestiones profesionales y alejarse de la politización del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (Comb).