El exjuez Santi Vidal podrá recuperar su carrera judicial. Así lo ha estimado este martes la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo al reconocer el derecho del exmagistrado a "reingresar en la carrera judicial" después de que el Tribunal Constitucional declarase la inconstitucionalidad de un artículo de la ley en la que se basó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denegarle la vuelta a la carrera tras cumplir tres años de suspensión por una falta muy grave.
Se trata del artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fue tumbado por el Alto Tribunal en sentencia del 13 de diciembre de 2018.
Concursar de nuevo
Ahora el Supremo ha estimado de forma parcial el recurso interpuesto por Vidal y ha anulado el acuerdo de la Comisión Permanente del CGJP, de 8 de marzo de 2018, que le denegó el reingreso al servicio activo en la carrera judicial una vez cumplida la sanción de suspensión de funciones y retribuciones.
El redactor de una eventual Constitución catalana deberá concursar de nuevo para volver a trabajar. La sentencia también reconoce los "derechos profesionales" de Vidal en el plano económico y administrativo desde la fecha de extinción de la responsabilidad disciplinaria por la que fue sancionado y siempre que efectivamente reingrese en el servicio activo en los términos que han sido expuestos".
Mientras ejercía de magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona resultó acreditado que protagonizó más de cien actos públicos contreviniendo los requerimientos del Tribunal Constitucional para defender la celebración de un referéndum y alentando a la gente a participar.
Investigado
Vidal está investigado por el juzgado número 13 de Barcelona por los documentos hallados en los registros practicado en su domicilio en la causa del 1-O. Entre éstos se encontraba la planificación de todas las estructuras necesarias para constituir el nuevo Estado independiente. Y entre ellos figuran el orden público y la defensa. En este sentido, además de los Mossos d'Esquadra, se preveía que Cataluña contara con un ejército para responder a las emergencias internas y externas.
Asimismo, se estimaba imprescindible que el Gobierno catalán garantizara el control del orden público ante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y permitir que el procés se desarrollara con normalidad porque "para ser aceptado como Estado hay que ser capaz de garantizar la seguridad de las personas y el control del territorio".