La investigación de la Guardia Civil sobre las actuaciones del Govern durante el procés desmoronan la tesis de que Carles Puigdemont y su equipo buscaban un pacto con España para conseguir la independencia. Algunos de los documentos requisados en la operación Anubis --cuando la Benemérita registró la sede del Departamento de Trabajo de la Generalitat-- apuntan que el entonces presidente catalán ya tenía en mente la posibilidad de declarar una ruptura del Estado de forma unilateral, al menos, desde 2016. Y todo ello, en unos papeles que apuntan a la creación de un sistema de cotizaciones paralelo al español en la que habrían participado grandes empresas como Deloitte e IBM.

El nombre que recibiría esta especie de Seguridad Social a la catalana sería el de Agencia Catalana de Protección Social (ACPS), según ha podido saber El Confidencial. Sería una de las "estructuras de estado" principales de la supuesta República catalana, junto a la Hacienda que buscaban poner en marcha. Su cometido principal sería la recaudación de los impuestos a los trabajadores de Cataluña y la gestión de las pensiones en cuanto se produjera la independencia. 

Desde octubre de 2016

Las informaciones que detalla la Guardia Civil en uno de sus informes explican que el Govern trabajaba de forma paralela con dos supuestos sobre la secesión. La versión oficial, la que han defendido varios de los acusados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y que asegura que el independentismo agotó todas las opciones de diálogo; y el plan B que tenía como base sustentante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y que se gestaba desde octubre de 2016, como mínimo. 

La mayor parte de los documentos que aporta el Instituto Armado sobre la ACPS y su funcionamiento tras una "desconexión forzosa" pertenecen a David Franco, responsable del Programa de Transformación Digital de la Protección Social. Según publica el diario digital anteriormente citado, un año antes de que se llevara a cabo el referéndum del 1-O ya existía una base técnica para poner en marcha dicha institución de recaudación y su planteamiento fue discutido con Deloitte e IBM, entre otras empresas.

Desarrollo e implementación

La consultora aparece en los documentos policiales como la encargada de "realizar el seguimiento de su despliegue" y en los papeles de Franco se anota que cobraría por ese servicio 197.508,50 euros. Deloitte niega, sin embargo, haber realizado estos trabajos. Por su parte, IBM habría sido la empresa elegida para desarrollar el software necesario para "gestionar la afiliación, la cotización y el pago de las prestaciones sociales". Junto al gigante informático habría trabajado, aunque en menor medida, la compañía catalana Itteria.

No es la primera vez que los nombres de estas dos grandes compañías aparecen relacionados con el independentismo. Hace unos meses se conoció que Deloitte estaría relacionada con la creación de Agència Tributària de Catalunya. Esta empresa sería la adjudicataria de un contrato público para "coordinar y ejecutar el control y asegurarse de la calidad de los sistemas de información" de la denominada Hacienda de la república catalana independiente, en la que también habría participado la filial española de IBM. El último gesto de la compañía tecnológica con el independentismo se desarrolló entorno a la celebración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. Para este evento, de visibilidad e influencia internacional, IBM lanzó un vídeo en el que aparecía una bandera estelada que recibió un aluvión de críticas y tuvo que retirar, en una segunda versión del metraje. 

Apoyo de ERC

El directivo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josué Sallent, es uno de los hombres que aparecen relacionados con la creación de esa suerte de Seguridad Social catalana. El hombre fuerte de Oriol Junqueras en el centro tecnológico fue quien supervisó y aprobó el proyecto de la ACPS, lo que el cuerpo de seguridad señala como prueba de que el Govern dio prioridad a su creación. 

Además, horas después de que el Parlament aprobara las leyes del referéndum y de transitoriedad, también se dio luz verde a la ley que respaldaba la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, otro dato que apunta a la importancia de la creación de esta estructura republicana.