La concejal Eulàlia Reguant y el ex diputado Antonio Baños, ambos de la CUP, se plantean recurrir la multa que el Tribunal Supremo ha anunciado que les impondrá por negarse a responder a las preguntas de la acusación popular, ejercida por Vox, en el juicio del 1-O. Ambos fueron citados como testigos, por lo que, a diferencia de los acusados, están obligados a responder a las preguntas de las partes.
No obstante, Baños y Reguant aseguran que no han recibido ninguna notificación del Supremo, según explicaron en el programa Preguntes freqüents, de TV3.
Reguant explica que cree que deberían presentar un recurso contra la sanción, que podría alcanzar los 2.500 euros, porque no fue "in situ" y que la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium juzgado en el Supremo, sabía que se planteaban hacer alguna acción para denunciar “la grave anomalía que supone la presencia de la extrema derecha como acusación popular en el juicio haciendo electoralismo y campaña de manera descarada”. Se da la circunstancia de que la CUP rechaza cualquier sometimiento a las instituciones españolas en general y a la Justicia en particular. Por eso rompieron su alianza con Junts per Catalunya y ERC. Pese a ello, acudieron a la vista oral.
La edil cree que el hecho de no declarar no perjudicó la defensa.