Los 'indepes' redescubren la lengua materna, proscrita en Cataluña

Lengua materna y derechos lingüísticos. Dos conceptos que el nacionalismo erradicó hace casi 40 años y resucitados por los líderes independentistas en el juicio del 1-O.  Los acusados invocaron esos términos, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, para poder expresarse en catalán durante los interrogatorios. El Tribunal Supremo les ofreció traducción consecutiva, pero no simultánea, por lo que, finalmente, los procesados declararon en castellano. La discusión ha reabierto el debate sobre el uso de neologismos como “lengua propia”, “vehicular” o “preferente” con la finalidad de colectivizar el idioma catalán y soslayar los derechos de los castellanohablantes.

Impulso Ciudadano es una entidad dedicada a defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España, así como defender los valores contenidos en la Constitución. Su presidente, José Domingo, asegura que, durante casi 40 años, “los nacionalistas han ocultado deliberadamente el concepto de lengua materna y la han sustituido por expresiones como propia, inicial o preferente. El objetivo es apelar a una lengua territorial por encima de los derechos individuales”.

Manifestación en apoyo de la inmersión en las escuelas catalanas mientras la Justicia avala el bilingüismo que piden los padres / EFE

Sin embargo, nacionalistas como Ramon Trias Fargas, la educadora Rosa Sensat o el escritor Josep Benet sí que invocaron el concepto de lengua materna cuando se redactó el artículo 3 de la Constitución, que quedó redactado de la siguiente forma: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

En el preámbulo efectos jurídicos

Sin embargo, la primera vez que se introduce el catalán en el sistema de enseñanza en Cataluña fue en el real decreto 2092/78, publicado en 1978 por el Ministerio de Educación. Esa norma garantizaba el “derecho de los alumnos al conocimiento de su lengua materna”, una expresión que también reconocen organismos internacionales como la Unesco, Unicef o la ONU.

Después vendrían las leyes catalanas de política lingüística, donde ese concepto solo sería contemplado en el preámbulo de la norma de 1998, que no tiene efectos jurídicos. Finalmente, el Estatut de 2006 solemnizaba la desaparición del concepto de lengua materna. “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español”.

No obstante, sucesivas sentencias judiciales reconocieron el derecho de los padres a escolarizar a los hijos en castellano frente a una inmersión en la enseñanza que solo reconoce el catalán como lengua vehicular. Esas resoluciones judiciales, que más recientemente han obligado a considerar también el castellano como lengua vehicular e impartir el 25% de las horas lectivas en ese idioma, nunca se han cumplido.

El castellano, más utilizado que el catalán

Así, en las encuestas sobre usos lingüísticos que publica Idescat (los más recientes son de 2013), no existe el término “lengua materna”. En las tres categorías predomina en castellano sobre el catalán. Así, el 55,1% considera que el castellano es su lengua inicial mientras que el catalán alcanza un 31%. Un 2,44% considera ambas lenguas como iniciales. En cuanto a la “lengua de identificación”, el saldo es de un 47,5% para el castellano y un 36,3% para el catalán. La “lengua habitual” es el castellano en el 50,7% de los casos y en catalán en un 36,29%.

Si se atiende a las encuestas que realiza Plataforma per la Llengua, conocida como la ONG del catalán y que recibe importantes subvenciones de la Generalitat, el término utilizado es el de “lengua habitual” o “propia”. En su “Informe CAT 2018. 50 cifras sobre la lengua catalana”, esta entidad alerta del descenso del uso del catalán. “Si en 2003, un total de 2.584.900 personas de más de 15 años tenían el catalán como lengua habitual en Cataluña, en 2013 sólo lo tenían 2.269.600. Durante el mismo plazo, el español pasó de tener 2.650.300 hablantes habituales en Cataluña, a tener 3.172.600. esto representa un descenso en el número absoluto de personas que tienen el catalán como lengua habitual, que se ha reducido en 300.000 personas respecto de 2003”, indica.

Las negociaciones entre Bargalló y el Gobierno

“Los nacionalistas han utilizado la llamada lengua propia para colectivizar”, denuncia Domingo, quien también critica el “pacto entre el Gobierno socialista y el consejero de Educación, Josep Bargalló, para reformar la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y blindar la inmersión”. El presidente de Impulso Ciudadano explica que, actualmente, la Lomce reconoce como lenguas vehiculares tanto del castellano como de las lenguas cooficiales de cada comunidad, pero el pacto entre ambos gobiernos “prevé añadir que ese reconocimiento se haga en base a la ley vigente, lo que asegura la normativa catalana”.

La catedrática de Lengua Inglesa, Mercè Vilarrubias, considera que los procesados independentistas “se han pegado un tiro en el pie al hablar en el juicio del Supremo de lengua materna y derechos lingüísticos, conceptos los nacionalistas habían eliminado de su vocabulario”.

Mercè Vilarrubias, catedrática de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas Barcelona-Drassanes

Vilarrubias es, junto alhistoriador Joaquim Coll, el jurista Ángel Puertas, el ensayista Juan Claudio de Ramón y el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas, impulsora de un proyecto de Ley de Lenguas Oficiales, que busca una mayor visibilización y promoción del catalán, el gallego y el vasco en las instituciones del Estado junto al castellano.

El proyecto comenzó a fraguarse en 2015, pero el ambiente de confrontación que genera el procés impidió que el Gobierno del PP se interesara. Vilarrubias se muestra optimista respecto a la receptividad del Gobierno socialista, aunque admite que la situación catalana sigue muy tensa. “Nos viene muy bien que los independentistas hablen ahora de lengua materna, derechos lingüísticos porque es precisamente eso lo que pretende proteger esa ley de lenguas. Incluido el derecho a un traductor simultáneo”, explica en referencia a la traducción consecutiva que el Supremo ha ofrecido a los acusados.

Un Estado plenamente plurilingüe

Una iniciativa que defiende las ventajas de unas instituciones del Estado plurilingües. Es decir, la presencia del castellano, el catalán, el vasco y el gallego en los documentos, impresos y rótulos de las organismos estatales; catálogos permanentes en las cuatro lenguas en los todos los museos estatales o la posibilidad de hablar en todas las lenguas españolas en el Congreso y el Senado. 

“El Estado es el único que puede hacerlo, debe convertirse en un actor lingüístico. No buscamos devolver competencias autonómicas. Solo poner límites a una política lingüística que no da derechos a los castellanohablantes, aunque la jurisprudencia dice que no puede haber una lengua preferente”, señala la catedrática. Igualmente, los promotores de esta ley pretenden que “los ciudadans puedan dirigirse en vasco, catalán o gallego a los tribunales, al Defensor del Pueblo o a un Ministerio. Plantearlo como un derecho lingüístico”.

El 12 de marzo sale a la venta el libro de Vilarrubias Por una ley de lenguas. Convivencia en el plurilingüismo, con prólogo de Juan Claudio de Ramón.