Juicio 1-O: camino de Estrasburgo con un referéndum que no es rebelión

Preparar sus futuros recursos ante Estrasburgo, intentar influir en la opinión pública española aprovechando que se trata de una ocasión única para expresar su punto de vista y desvincular la convocatoria del referéndum del 1-O de los delitos de malversación y rebelión. Es la estrategia que, en opinión de varios abogados consultados por Crónica Global en torno a cómo se está desarrollando el juicio por los hechos que rodearon a la celebración de la consulta, están desplegando los acusados  interrogados hasta el momento en el marco de las primeras jornadas de la vista oral. Hoy ha sido el turno de los exconsejeros de Presidencia Jordi Turull y Asuntos Exteriores Raül Romeva.

Ha sido una sesión, la cuarta, en la que ha imperado la tensión, marcada principalmente por el cruce de palabras entre el exalto cargo de la Generalitat y el fiscal Jaime Moreno, hasta tal punto de verse obligado el presidente del tribunal, Manuel Marchena, a intervenir en varias ocasiones. Gestos de reproche y continuos movimientos de bolígrafo y de papel frente a una mesa repleta de documentos, el exconsejero, lejos de apaciguarse en su cara a cara con el fiscal, ha sido continuamente reconvenido. Es el primer procesado de los cuatro que han depuesto hasta el momento en ser amonestado varias veces por el tribunal.

Consulta y recursos públicos

Sus alegatos se han centrado principalmente en apelar con contundencia a la legalidad del referéndum --a su parecer éste no merece reproche penal alguno-- pero también en negar que se destinasen fondos públicos a la celebración del mismo y en rechazar que se produjesen episodios de violencia en las jornadas previas al 1-O y a lo largo de éste.

De hecho, su línea de defensa es, a juicio del abogado Juan Molins, la más esclarecedora en torno a cuál podría convertirse en la principal estrategia de los inculpados: “No niega que haya participado en el referéndum, pero sí haber incurrido en delitos de rebelión y malversación, separándolos de lo que fue la consulta por sí sola, cuya celebración en sí misma no supone reproche penal”.

El letrado alude, en concreto, a la modificación del Código Penal realizada en 2005 en relación a la convocatoria de procesos electorales o consultas populares vía referéndum sin tener competencias para ello, lo que hasta ese año se penaba con entre tres y cinco años de cárcel. Los artículos que contemplaban tales condenas fueron suprimidos ese año atendiendo a que a los principios de intervención mínima y proporcionalidad fijados por el Tribunal Constitucional y que establecen que no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que sea estrictamente imprescindible. El CP excluía así la posibilidad de condenar a quienes, sin tenerla legalmente atribuida, asumen la potestad de convocar o promover consultas.

Rebelión y malversación

Por este motivo, señala Molins, la defensa de Turull --y la del exconsejero de Interior Joaquim Forn en menor medida-- pasa por reconocer su participación en el referéndum del 1-O y propugnar la legalidad del mismo, desvinculándose, por el contrario, de los delitos de malversación y rebelión y “desconectando” la celebración de la consulta de estos tipos penales. “Dentro de lo difícil que lo tienen, me parece una estrategia bastante razonable”, sostiene el penalista.

“Son hechos muy documentados que han pasado por la mesa del Parlament catalán, por el Constitucional, por los Juzgados, por la Fiscalía…”, afirma el abogado, quien conjetura que, por este motivo, el exvicepresidente Oriol Junqueras empleó un discurso de mayor cariz político que jurídico y optó por responder únicamente a su abogado, Andreu van den Eynde --como precisamente ha hecho este martes Romeva, asistido por la misma defensa--, una actuación, a su juicio, “muy arriesgada”. “Es respetable pero no beneficia a su defensa”, considera Molins.

El letrado José Antonio Infiesta, del despacho madrileño Islaw, sostiene, por su parte, que la consideración acerca de si se produjeron o no episodios de violencia semanas antes de la jornada del 1-O, hechos que hasta ahora han negado todos los acusados, y si se cometió o no delito “no depende de la opinión que de ello expongan los acusados o los testigos, sino que deberá determinarse de acuerdo a la documentación analizada”.

Hacia Estrasburgo

 “Entiendo que los abogados lo saben, pero aún así inciden en esta cuestión porque los acusados, además de una pretensión jurídica, tienen otros dos objetivos”, subraya el letrado, aludiendo, en concreto, a la finalidad de allanar el camino hacia Estrasburgo por una posible vulneración de sus derechos fundamentales y, por otro lado, a la oportunidad que tienen los inculpados de expresarse ante la ciudadanía ante la gran repercusión mediática que el juicio lleva aparejada.

No sólo eso. A ello se suma, en clave política, la convocatoria de los comicios generales del 28 de abril. Una circunstancia que, según Infiesta, podría provocar que las intervenciones de los acusados adopten “tintes electoralistas de cara a sus votantes, sobre todo cuando parece que las relaciones entre Esquerra y PDeCAT no son las mejores”. Sin embargo, precisa: “lo que no acabo de entender muy bien es por qué la Fiscalía incide también en la cuestión de la violencia en sus interrogatorios. Es bastante ilusorio pensar que los acusados acabarán reconociendo que actuaron haciendo uso de la misma”, recalca el abogado.

Proclamas políticas

El abogado barcelonés Andrés Jiménez de Parga también ha mostrado su opinión acerca de cómo están desarrollándose los interrogatorios, afirmando que sólo cabe aplicar una defensa técnica como la que está diseñando el abogado de Forn, Javier Melero: “Creo que cuestiones objeto de debate como si hubo o no violencia requieren un tratamiento técnico pues al final se trata de que la acusación logre probar su existencia o no”.

En su declaración, Forn, respondiendo a las preguntas de Fiscalía y Abogacía del Estado, enfocó su comparecencia en desvincular su compromiso político en favor del referéndum con sus funciones como consejero, defendió el papel de los Mossos d’Esquadra en las concentraciones producidas el 20 y 21 de septiembre previas a la celebración de la consulta y empleó la técnica jurídica por encima de los alegatos políticos.

En contra de las declaraciones realizadas por Junqueras o Romeva, Jiménez de Parga no considera que “las proclamas políticas sean de utilidad en el marco del juicio, sin perjuicio del derecho que asiste a los acusados de manifestar lo que a su derecho convenga”. “Como bien dijo el abogado de Forn, estamos ante un juicio penal, ni más ni menos”.