El Tribunal Supremo (TS) citará a declarar en los próximos días a los testigos de carácter más político, en el marco del juicio del 1-O, para que sus comparecencias no coincidan con la campaña electoral de los comicios del próximo 28 de abril.

Por ese motivo, los primeros testigos que pasarán por el Supremo para contestar preguntas acerca del referéndum ilegal del 1 de octubre serán el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y tres miembros de su Ejecutivo.

A petición de la acusación popular

La acusación popular, encabezada por Vox, podría estrenarse en los interrogatorios después de que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Form se negasen a contestar sus preguntas.

Las tres personas citadas por la acusación popular tuvieron carteras de peso cuando se produjeron los hechos. Se trata de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Torrent, Aragonès, Tardá, Rufián y Colau

Por otro lado, estarán también citadas a declarar personas cercanas al movimiento secesionista, miembros actuales del Govern, así como líderes independentistas y la alcaldesa de Barcelona. Entre esos testigos figuran el actual presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; los diputados de ERC en el Congreso Joan Tardà y Gabriel Rufián, y la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau.

La intención principal es solventar la situación cuanto antes para interferir lo menos posible en las elecciones de abril. Es por eso que quieren que todos los testigos declaren en un periodo no superior a quince días, aunque eso implicase habilitar sesiones en viernes o sábado.

Turull, el siguiente

Fuentes del alto tribunal no han confirmado cuándo van a declarar los que formaran parte del gobierno encabezado por Rajoy, más teniendo en cuenta que aún faltan por declarar diez de los líderes independentistas. Este martes será el turno del que fuera portavoz del Govern y consejero de Presidencia Jordi Turull.

La Fiscalía pide para Jordi Turull una pena de 16 años de cárcel y 16 de inhabilitación por los delitos de rebelión agravada por la malversación de dinero público. La abogacía del Estado reclama 11 años por sedición y malversación, mientras Vox sube a 74 años la pena para el exconsejero de Presidencia por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

Niega la malversación y que hubiera violencia

El ministerio público expone en su escrito de acusación provisional que Turull participó en el diseño del plan del proceso independentista y que autorizó a diferentes departamentos del Govern las acciones y contrataciones que fueran necesarias para el 1-O. También le acusan de que desde su consejería se financiaron páginas web, publicidad institucional, cartelería, gastos en papeletas, censo electoral y citaciones a miembros de las mesas de votación.

Turull niega la mayor y asegura que no hubo uso de violencia alguno en todo el proceso. De igual manera, ha subrayado que no tuvo ninguna responsabilidad en las contrataciones para el referéndum, rechazando también los cargos por malversación porque no ostentaba aún el puesto en la Generalitat.