Juicio del 1-O: las acusaciones se defienden

Dos días han bastado a defensas y acusaciones para poner sus cartas sobre la mesa. Si en la primera jornada de la vista oral del procés fueron los abogados de los líderes soberanistas quienes pusieron en marcha toda su artillería defensiva para denunciar lo que en su globalidad juzgan como un proceso político-judicial contra el independentismo, las acusaciones se han visto encauzadas a refutar de plano el papel que los letrados y sus patrocinados han decidido adjudicarles tanto dentro como fuera de la sala: el de quienes, con su actuación a lo largo del procedimiento, han conculcado sus derechos fundamentales.

Con la sombra de Estrasburgo planeando sobre sus cabezas, este miércoles fue el turno de palabra de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, cuyas intervenciones han ido debilitándose conforme se pasaban el testigo. Si el representante del ministerio público Javier Zaragoza inició su alocución con más fuerza que sus compañeros de estrado, la exposición del letrado de la formación de ultraderecha, llevada a cabo en último lugar, quedó prácticamente diluida. Y ello en contra de lo que cabría esperarse: no en vano es la acusación que reclama las mayores condenas --en total, 702 años de cárcel para los 12 acusados por el 1-O-- y que con más dureza ha calificado los hechos durante la instrucción de la causa.

Dentro y fuera de la sala

Mientras los procesados son arropados desde los micrófonos de radio y los platós de televisión --el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Onda Cero; Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, en RAC1...--, pero también desde algunos digitales y, cómo no, a través de Twitter, donde son constantes los mensajes de apoyo desde las entidades sociales soberanistas, la Fiscalía ve su actuación acotada a la sala de plenos del Tribunal Supremo, escenario en el que se desarrolla el juicio. La repercusión y el ruido que genera el ejercicio de sus funciones son, por tanto, visiblemente menores que la agitación que rodea a los propios acusados.

Junto a Zaragoza intervinieron el miércoles el fiscal Fidel Cadena. Ambos hilaron un parlamento con el que, especialmente el primero, se defienden de la “denuncia masiva” que, en sus palabras, arrojaron los abogados de los procesados en relación con el trato injustificado que estos consideran estar recibiendo, principalmente en lo que a derechos y principios constitucionales se refiere. Una alegación que Zaragoza, exfiscal de la Audiencia Nacional a quien respaldan 38 años de trayectoria, considera “ridícula”.

“Se muestran como víctimas de una persecución quienes han quebrantado el orden constitucional y pretenden sentar en el banquillo al Estado”, ha proclamado el representante del Ministerio Público, aragonés como su compañero, quien, no obstante, ha expresado su convicción de que el tribunal “impartirá justicia con total independencia al margen de lo que se diga extramuros de esta sala, respetando los derechos y garantías de los acusados y los principios de un juicio justo”.

E insiste en dejar claro, en respuesta a la tesis de las defensas, que “no es el proceso independentista lo que se juzga sino los gravísimos hechos que se cometieron”: “los acusados recurrieron a una reiterada desobediencia y a las movilizaciones populares dirigidas a hacer claudicar al Estado. Nadie ha sido juzgado por sus ideas. Llevan años defendiendo este proyecto político y la actuación por los que se les sienta en el banquillo justifica sobradamente la actuación del sistema judicial”.

Fidel Cadena, más técnico

Cadena hizo una exposición más técnica, si bien se reservó una parte de la misma para lanzar una reflexión no carente de ironía al hacer hincapié en el hecho de que “la piedra que desecharon” los inculpados, en alusión al cumplimiento de la Constitución a la hora de impulsar su plan independentista, sea ahora la “piedra angular” de su defensa para alegar la vulneración de derechos contemplados en la Carta Magna: “Tiene gracia que ahora sea resucitada, que se haya producido esa vuelta a la vida de la Constitución. Bienvenidos a la ley”.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, quien el pasado mes de diciembre fue designada para dirigir la acusación particular en este proceso en sustitución de Edmundo Bal --que, como la Fiscalía, era partidario de imputar un delito de rebelión en el marco de esta causa--, también se alza en armas contra los argumentos de las defensas. Ha lamentado que estas “nos trataran de hacer ver que, desde el inicio, se han criminalizado distintas actuaciones que encajaban en los distintos derechos fundamentales como la libertad ideológica, política, el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión e incluso el derecho a la protesta”. Algo lejos de la realidad, según ha manifestado.

El tropiezo de Vox

Para cuando le tocó el turno de palabra al letrado de Vox ya estaba todo dicho. La formación, que se ha convertido en una de sus banderas la pugna contra el independentismo, representa la única acusación popular en la vista oral y copa, por tanto, buena parte de la atención mediática. En la sesión del miércoles, el letrado Pedro Fernández quería arrancar fuerte su discurso al plantear la retirada del juicio de los lazos amarillos, símbolo del soberanismo catalán del que hasta el momento únicamente ha hecho uso el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. El motivo: tratarse de una cuestión de orden que “afecta al respeto y consideración de la justicia" y que posee "una carga política indudable".

Sin embargo, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, echó por tierra las pretensiones de Vox, apelando para ello a dos sentencias de protección de la libertad ideológica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para permitir la utilización de las insignias. “Son símbolos ideológicos”, respondió tajante el magistrado.