El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha leído una pretendida "declaración institucional" con motivo del juicio del procés que se reanuda la semana próxima, aunque solo han estado presentes las formaciones independentistas y diputados de Catalunya en Comú-Podem.

"La represión no acabará con la voluntad inmensamente mayoritaria de los catalanes y las catalanas de ejercer el derecho a la autodeterminación", indica el texto pactado y que se ha hecho público en plena polémica por la propuesta de un relator que interceda entre el Gobierno español y la Generalitat de cara a solucionar el conflicto catalán. Aunque el PSOE ha accedido a esta pretensión, ha dejado claro que se opone a reconocer el derecho a la autodeterminación que reclaman los secesionistas.

"Múltiples irregularidades"

El próximo 12 de febrero, indica la declaración, comienza el juicio a Carmen Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. "Once de los doce acusados son o han sido diputados del Parlament. Se les acusa de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por haber organizado un referéndum. Por haber puesto en manos de la ciudadanía de Cataluña la decisión sobre el futuro político de su país".

A lo largo del procedimiento judicial "se han producido múltiples irregularidades y vulneraciones de derechos que no nos permiten confiar en la celebración de un juicio justo. Seis diputados o ex diputados han tenido que marchar al exilio y los tribunales internacionales han denegado su extradición para que las acusaciones no tienen fundamento. Se han censurado publicaciones. Se han prohibido manifestaciones. Se han intervenido comunicaciones. Se han bloqueado recursos de amparo al Tribunal Constitucional. Se ha fragmentado la causa judicial".

"Crisis democrática sin precedentes"

Asimismo, añade la Declaración, "se ha destituido y encarcelado un Gobierno elegido democráticamente. Se han limitado los derechos políticos de los acusados. Se ha alargado la prisión provisional sin ninguna justificación. Se ha coartado el normal funcionamiento del Parlamento de Cataluña. Y se ha vulnerado la inviolabilidad parlamentaria de los diputados y las diputadas de esta cámara". Avisan de que la "persecución penal de los representantes del pueblo de Cataluña y los líderes de las entidades civiles ha generado una crisis democrática sin precedentes que amenaza los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, no sólo los independentistas".

"La instrumentalización del derecho penal para combatir adversarios políticos tiene que preocupar al conjunto de los demócratas. No podemos aceptar que se criminalice la disidencia política ni que se persiga como delito el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Hoy somos los independentistas los que nos sentamos en el banquillo, pero mañana podemos ser las feministas, los antifascistas, los ecologistas o los sindicalistas". El Estado español "juzgará a 12 personas de paz por sus ideas y no por sus acciones. Pero que no se equivoquen, las ideas no se pueden aprisionar. Junto a estas 12 personas encontrarán el 80% del pueblo de Cataluña que rechaza la represión y que no renunciará nunca a decidir democráticamente su futuro".

"Nos comprometemos a trabajar por un país donde los conflictos políticos se resuelvan haciendo política, no con los tribunales. Un país en el que nadie pueda ser encarcelado o deba exiliarse por sus ideas. Un país más democrático, más justo y más libre", concluye la declaración.