La Generalitat filtra las 21 peticiones de Quim Torra a Pedro Sánchez

La lista de 21 peticiones que Quim Torra trasladó a Pedro Sánchez durante su encuentro del pasado 20 de diciembre en Barcelona incluía demandas como una "mediación internacional" para resolver las diferencias entre la Generalitat y el Gobierno español o "investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña" durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Govern ha filtrado este martes a los medios dicho documento, que Torra entregó a Sánchez por sorpresa y a espaldas de sus socios de ERC. Su título es 'Propuesta del Govern de Cataluña en la cumbre con el Gobierno de España: Un pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Catalunya'. En el mismo se afirma que la situación política que se vive en esta Comunidad Autónoma requiere de "soluciones políticas".

Entre las pretensiones de Torra destacan su petición de una mediación internacional para una negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno en igualdad de condiciones, y otras como la nulidad de los juicios franquistas.

Autodeterminación

Los 21 puntos se dividen en tres apartados: el primero se titula 'Una respuesta democrática para Cataluña'; el segundo, 'La necesidad de una regeneración democrática de España'; y el tercero, 'La desfranquización de España, un reto pendiente'.

En el primer apartado, Torra reclama a Sánchez "no gobernar contra Cataluña"; reconocer y hacer efectivo el denominado "derecho de autodeterminación"; la citada mediación internacional; el "respeto" a las instituciones catalanas y la renuncia a aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución; investigar los abusos policiales denunciados por la Generalitat; y no actuar por la vía judicial contra el independentismo, algunos de cuyos dirigentes están en prisión preventiva por haber organizado el referéndum ilegal del 1-O y por haber proclamado la secesión de forma unilateral.

"Calidad democrática"

En el segundo apartado, el líder posconvergente pide impulsar un compromiso a favor de la "ética" política; que se garantice la separación de poderes; y poner fin a lo que denomina "la limitación de derechos fundamentales y revertir el retroceso de la calidad democrática en España". 

Torra también solicitó "frenar" lo que considera "el deterioro de la imagen de España en el mundo" y "poner fin a la complicidad de los cuerpos policiales y el aparato judicial con la ultraderecha",  garantizar la independencia judicial, y el respeto a los Derechos Humanos.

"Cultura franquista"

En el tercer apartado, Torra critica que "la sombra y la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España"; denuncia indolencia con el fascismo, a juicio del Govern, y pide aislar y denunciar a grupos neofascistas.

El presidente de la Generalitat, asimismo, también solicitó acabar con "los privilegios derivados del franquismo"; emprender un proceso explícito de 'desfranquización' y un debate sobre la monarquía; la nulidad de los juicios del franquismo, y hacer efectiva una política de fosas comunes.

Contra la monarquía

El documento de Torra cuenta como preámbulo con un singular análisis en el que el dirigente nacionalista sostiene que España vive "una grave crisis de Estado", en la que hay una desconfianza de la ciudadanía --en especial, de la catalana-- hacia las instituciones.

A su entender, la monarquía parlamentaria "vive un momento de absoluta desconfianza y desafección". Y critica al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) --sin citarlo-- alegando que no pregunta concretamente por esto en sus encuestas.

Diálogo

Torra esgrime que gran parte de esta crisis que ve en España radica en "la no superación total del franquismo", que ve latente en la sociedad actual y que impregna, a su juicio, determinadas actitudes e instituciones del Estado.

El líder neoconvergente acaba su escrito sosteniendo que el Gobierno central debe pasar del "no a todo" a negociar y a dialogar con la Generalitat sin límites y sin condiciones. Y exige admitir que en el Estado existe un problema de calidad democrática que debe resolver.