Puigdemont señala y los CDR 'disparan'

“Tengo el derecho y el deber de perseguir al Estado español y lo haré hasta las últimas instancias internacionales”, asegura Carles Puigdemont. “Apretad, haceis bien en apretar”, añade Quim Torra. Las consignas, lejos de quedarse en una soflama propagandística, está teniendo sus frutos. Y ayer se tradujo, de nuevo, en vandalismo independentista. Puigdemont y Torra señalan y los Comités de Defensa de la República (CDR) 'disparan', en este caso excrementos contra la administración de Justicia, calentando así las vísperas del juicio por el 1-O.

La indignación de jueces, fiscales y funcionarios fue unánime, mientras que los Mossos d’Esquadra han extremado la vigilancia en los edificios judiciales en el marco de la llamada operación Toga --alusiva a la indumentaria de los miembros de la judicatura--. La Policía Autonómica ha abierto una investigación para averiguar la identidad de los atacantes.

Este nuevo caso de acoso a la Justicia no ha sido condenado por el Govern. Tampoco lo fue el escrache que el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, sufrió en su domicilio. O las manifestaciones convocadas ante el Palacio de Justicia. La Generalitat, lo anunció Torra, se personará en las causas en las que se persigan ideologías. No consta que lo haya hecho en casos de acoso a activistas y dirigentes no independentistas.

Protesta independentista de los CDR ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EUROPA PRESS

Protesta independentista de los CDR ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EUROPA PRESS

No es la primera vez que los CDR utilizan esta escatológica forma de protesta, pero ayer se tradujo en una acción coordinada que la cúpula judicial calificó de “sabotaje”. Juzgados situados en una veintena de municipios amanecieron con excrementos que, en el caso de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, obligó a las empleadas de la limpieza a doblar turnos desde las 6 de la mañana. “Ha sido dantesco y humillante para esas trabajadoras. No se han evaluado los daños, pero se tendrá que cambiar toda la alfombra de la entrada”, explica a Crónica Global un funcionario judicial.

Radicales de Arran en pleno ataque a la casa del juez Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès / CG

Radicales de Arran en pleno ataque a la casa del juez Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès / CG

“Es un ataque a la ciudadanía, estos actos no tienen justificación alguna y esperamos que se pongan en marcha las investigaciones oportunas para determinar quiénes son los responsables”, explican fuentes sindicales.

En términos parecidos se pronunciaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado, en el que condena “de manera rotunda y enérgica la cadena de sabotajes a las sedes judiciales que, en la madrugada de hoy, han sido prácticamente generalizados en todo el territorio”.

Contra un servicio público

La Fiscalía General del Estado también ha condenado los "ataques" al entender que suponen "un atentado contra el Estado de Derecho, entorpeciendo el normal funcionamiento de un servicio público".

Jueces para la Democracia considera que estos ataques "tienen como finalidad deslegitimar de forma generalizada" el trabajo de los jueces y funcionarios. "En democracia, la Justicia es una institución fundamental para resolver los conflictos y garantizar los derechos de toda la ciudadanía", afirmaron. Asimismo, la Asociación Profesional de la Magistratura ha instado al Gobierno español a establecer medidas de seguridad ante los "ataques masivos" por parte de los CDR contra los juzgados.