La investigación sobre las supuestas irregularidades en la gestión del agua en Vidreres (Girona) acumula diversos informes que apuntan, no solo a la relación política y de amistad entre el alcalde de este municipio, Jordi Camps (PDeCAT), con el empresario Marc Mallart, sino también a la “deuda colosal” con la Agencia Catalana del Agua (ACA).
Así lo expresa un documento del Consejo Comarcal de la Selva, aportado a las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Coloma de Farners, donde el pasado 14 de enero prestaron declaración como imputados Camps y Mallart. La instructora investiga los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en el suministro del agua de las empresas Riera de Cabanyes, SA y Rec Madral Companyia d’Aigües, SA. Tanto la juez, como un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), indagaron en las relaciones entre Camps y Mallart.
El alcalde niega trato de favor
El alcalde niega haber dado trato de favor a las empresas de Mallart y alegó que "prueba de eso es la cantidad de demandas interpuestas por las mercantiles contra los acuerdos adoptados por el ayuntamiento".
Precisamente a esos recursos judiciales se refiere el informe del Servicio de Gestión Tributaria y Catastral del Consejo Comarcal de la Selva, así como a la obligación de la empresa Rec Madral de satisfacer la tasa establecida en la ordenanza municipal sobre el suministro del agua. En la fecha en que se elaboró este informe –mayo de 2017--, la empresa debía 465.324 euros. En paralelo, añade, “se intercambiaron impresiones con la señora Mariana Coch, de la Agencia Catalana del Agua (ACA) que mantiene una deuda colosal pendiente de cobro de Rec Madral SA”.
Obligaciones tributarias
También manifiesta que la Agencia Tributaria Estatal, “a la vista del entramado de empresas e instituciones superpuestas con la finalidad de no cumplir las obligaciones tributarias, ha pasado la oportuna denuncia al Ministerio Fiscal”. Añade que “la posibilidad de proceder al embargo de las cantidades ingresadas por los usuarios del servicio de suministro de agua no se puede llevar a cabo, ya que la empresa que gira, emite y cobra los recibos Corporació Rec Madral SL, está participada por la empresa deudora, teniendo como socio único a la empresa Mas Oliva, SA”. También se ha solicitado del Registro de la Propiedad Central Información con relación a los bienes inmuebles de la entidad mercantil vinculada a la deudora, Riera de Cabanyes, con resultado negativo”.
Concluye el Consejo Comarcal que “el Ayuntamiento de Vidreres debería estudiar la posibilidad de emprender acciones legales orientadas a la suspensión del contrato de fecha 4 de octubre de 2016 por incumplimiento, procediendo, si es necesario, a la adopción de las medidas pertinentes para garantizar el servicio de abastecimiento de agua a las urbanizaciones afectadas”.
Informe de Guardia Civil y Oficina Antifraude
Este informe se une al efectuado por el Área de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil sobre la “supuesta captación no autorizada correspondiente a cinco pozos situados en el paraje Can Prats de la Mata, en Llagostera, gestionada por la empresa Rec Madral CIA D’Aigües SA”.
Por su parte, la citada Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), organismo encargado de prevenir e investigar el fraude en las administraciones catalanas, advirtió en un informe de 2014 sobre el “potencial conflicto de intereses” del alcalde de Vidreres con las empresas encargadas de suministrar el agua en este municipio de Girona. Según las investigaciones de esta entidad, Camps compartía militancia y domicilio social con el principal accionista de esas sociedades.