Dirigentes del PDeCAT se echan las manos a la cabeza con la gestión de Calvet

Un simpatizante y votante del PDeCAT. Llama por teléfono al programa de la Cadena Ser, Hora 25, en la noche del martes, y expresa su estupor por la gestión del Govern de Quim Torra sobre el conflicto de los taxis con los conductores de VTC. Asegura que el consejero Damià Calvet  “ha traicionado los principios de nuestro partido y me han quitado mi derecho a escoger el servicio que pueda necesitar en cada momento”. Es el mismo comentario que expresan en privado dirigentes del PDeCAT, y miembros veteranos de la exConvergència, que no saben dónde mirar. Todo se desmorona, y el consejero Calvet es capaz de tomar una decisión que deja en el aire a empresas como Cabify o Uber. El mundo al revés.

La decisión del colectivo del taxi, que rechazó la propuesta inicial, y la segunda modificación del Govern, provocando un cisma interno que llevó a la dimisión del comité de huelga, no varía la posición de esos dirigentes del PDeCAT, que confiaban en que el Govern de Torra, y, en concreto, el consejero Calvet, pudieran fijar unas reglas claras para no perder el servicio que prestan las VTC. “¿Se puede permitir el lujo Barcelona de prescindir de esas empresas, en un contexto global?”, se pregunta uno de ellos, que ha estado muy cerca de Calvet en los últimos años.

Ideología y pragmatismo

Pero las cosas han cambiado de forma radical. El PDeCAT ha negociado cuestiones como ha podido, fueran o no en contra de su doctrina ideológica. Lo hizo con el decreto ley de la estiba, en el Congreso, con el anterior Gobierno del PP. Entonces, su abstención fue clave para que saliera adelante. Uno de los diputados más activos fue Carles Campuzano y también Ferran Bel. La abstención era necesaria, y se produjo, junto con el voto a favor del PP, Ciudadanos y PNV. El PDeCAT lograba mejorar en el decreto ley las condiciones de las familias dedicadas a la estiba en los puertos de Tarragona y Barcelona, y forzaba que se pudiera suavizar un decreto ley pensado para liberalizar claramente el sector, algo que, inicialmente, iba a favor de las tesis de los exconvergentes.

Pero el PDeCAT entiende ahora que debe mantener su perfil ideológico, para no confundirse ni con ERC ni con la CUP. Y las negociaciones de Calvet con los representantes de los taxistas no han gustado. “Es difícil de entender, porque la impresión es que se cede cuando hay una presión grande en calle, como si se tratara de un chantaje, y, además, en detrimento de empresas y de un sector que está pendiente de la demanda, de la ciudadanía que desea poder elegir el servicio”, señala un veterano convergente.

El presidente Torra y el consejero Calvet

El punto intermedio de Calvet

Calvet ha buscado, añaden esos dirigentes, un punto intermedio que, tal vez, era imposible, como se ha comprobado en las últimas horas. Pese a la reacción de los taxistas, el consejero de Política Territorial quiere mantener el plan y seguirá con la tramitación del decreto que pone trabas a la operativa de los vehículos VTC, es decir, los que utilizan Uber y Cabify. Esa normativa prohíbe que los automóviles con ese permiso estacionen o puedan captar clientes en la vía pública, y que un cliente los pueda geolocalizar en el móvil.

Pero lo que Calvet ha introducido es que se precontrate con al menos 15 minutos de antelación. Y que ese tiempo se pueda alargar, al dejar esa posibilidad en manos de los ayuntamientos o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Con esa última decisión, Calvet ha provocado que Uber confirme que se irá de Barcelona, si, finalmente, se aprueba el decreto, y que Cabify considere hacer lo mismo.

¿Consejero de Presidencia?

El problema para Calvet es que esa gestión, criticada por dirigentes de su propio partido, llega en el momento en el que podría ser elegido consejero de Presidencia, en sustitución de Elsa Artadi, que formará tándem con Joaquim Forn en la candidatura a la alcaldía de Barcelona. A Calvet le apoyan dirigentes como Josep Rull, --en Lledoners-- mientras que otro de los sectores del PDeCAT, que lidera Jordi Turull, --también desde la prisión de Lledoners—defiende la elección de la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó. El expresidente Carles Puigdemont tendrá un papel clave en esa decisión, y valora el nombre de Laura Borràs, su pieza en estos momentos más fiel en el Ejecutivo catalán.

Calvet cuenta con una característica en estos momentos, y es que mantiene buenas relaciones con el Gobierno español. Es uno de los más interesados en poder hablar de inversiones, de políticas concretas en el territorio. Y de negociar los presupuestos con el Gobierno, porque, entre otras cosas, supondría una inyección de dinero importante para las diputaciones provinciales, clave antes de las elecciones municipales. Pero su gestión con el conflicto del taxi no tiene “el sello convergente”.