Amnistía Internacional sufre la voracidad del independentismo

El independentismo obliga a todas las instituciones, entidades, partidos, y tejido asociativo a tomar partido. Hasta tal punto que las que defienden los derechos humanos han sido también objeto de las disputas entre los independentistas. El desgarro es grande y la entidad recibió este jueves numerosas llamadas de adheridos que pedían su baja. No pueden entender que Amnistía Internacional (AI) haya pedido al Tribunal Supremo supervisar el juicio a los políticos independentistas por el 1-O, al entender que se desconfía de España como Estado de derecho.

Las llamadas apuntaron directamente a esa cuestión, y AI no ofreció argumentos para defender su posición. Simplemente cursó las bajas como socios de los solicitantes. La entidad mantiene su decisión y ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que pide tener un espacio dentro de la sala del juicio del 1 de octubre. La voluntad es que miembros de la organización sigan el juicio en directo y en el mismo espacio físico para examinar si se cumplen las garantías para un juicio justo.

Socio desde 1995

La decisión ha molestado a muchos socios. Uno de ellos, el analista internacional Ignacio Molina, asegura a Crónica Global que era socio desde hace muchos años, y que, respetando la decisión de Amnistía Internacional, no la puede compartir, y no quiere que se tome en su nombre.

“Yo era socio de Amnistía desde 1995. Acabo de pedir la baja, no me parece mal, desde luego, que sigan con vigilancia el juicio del Supremo al procés. Y puedo entender la autopublicidad de montar un número innecesario solicitando esa observación. Pero no conmigo como socio”, señala Molina.

Cuando se quejaba el independentismo

A lo largo del día se crearon grupos en las redes sociales, y con reflexiones similares por parte de socios de Amnistía, que preside en España Arancha Vicario. El argumento es que en España no se puede decir que se quiere actuar como observador, en un juicio con todas las garantías, dentro de un Estado democrático y de derecho.

Curiosamente, Amnistía Internacional recibió en 2013 las quejas de los independentistas. En aquella ocasión, el comisario del Tricentenario de 1714, el periodista Toni Soler, lanzó una campaña de críticas a AI por haber cambiado la ubicación de la entrega del Premio Embajador de Conciencia, un galardón que reconoce el trabajo de artistas y activistas de todo el mundo a favor de los derechos humanos. Se iba a realizar en el Palau de la Música Catalana, el 19 de marzo de 2014. La entidad cambió su decisión, al entender que podía ser utilizada por los fastos del Tricentenario, que fue la primera punta de lanza del movimiento independentista que se avecinaba. “No me daré de baja, pero pienso protestar en la asamblea (de socios)”, señalaba entonces Soler.

Ver el juicio por televisión

Ahora las cosas han cambiado. Amnistía Internacional España se ha prestado a la propaganda del independentismo, que machaca la idea de que el juicio del 1-O no será justo ni gozará de todas las garantías.

El abogado penalista José María de Pablo difundió este jueves un escrito en las redes sociales reprobando la decisión de AI. Los argumentos dejan a la entidad en un brete: “En España los juicios son públicos. Cualquiera puede acudir a una sala de vistas y asistir a cualquier juicio. Incluso los juicios más mediáticos, como será el del procés, ofrecen señal de televisión en directo para garantizar el principio de publicidad”. Según De Pablo, el anuncio de Amnistía Internacional sólo tiene un propósito, el que defiende el independentismo: “Este paripé de pedir observaciones internacionales no es más que un burdo intento de cuestionar, sin motivo, nuestro Estado de derecho”.

¿Quién se saltó el orden constitucional?

La petición de ahora, sin embargo, no es la última de la entidad, que sigue a pies juntillas las soflamas del independentismo. El pasado 30 de noviembre la entidad ya envió una carta a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para mostrar su solidaridad con los dos y pedir que quedaran en libertad. Se posicionó, asimismo, durante la huelga de hambre de Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, y señaló que velaría “por el derecho a la salud”. Y denunció, también, “la pasividad” de la Fiscalía en la investigación sobre la actuación policial del 1-O.

Para muchos socios, y se verá hasta qué punto ha incidido en los próximos días, Amnistía Internacional España ya no tiene sentido. “¿A cuestionar un Estado de derecho se dedican, sin admitir que el independentismo se saltó el orden constitucional en el otoño de 2017”, se pregunta uno de ellos, que ya ha dejado de ser socio de la entidad.